Chipre como muestra
Tras Grecia, son las economías de Italia y España las más perjudicadas por la crisis de la isla
Con independencia de la solución concreta que finalmente se arbitre en la crisis chipriota, la reputación de las instituciones europeas, de su capacidad para gestionar esta crisis, ha seguido erosionándose. La propuesta efectuada el fin de semana pasado por la que se establecía un gravamen sobre los depósitos bancarios, tomando como referencia los 100.0000 euros que cubre el seguro de depósitos en el conjunto de la eurozona, es un despropósito más. Aunque el Eurogrupo haya corregido aquella propuesta, y deje fuera de la penalización a los depósitos de menos de 100.000 euros, el daño ya está hecho.
Este se manifiesta en primer lugar en la desconfianza que el conjunto de los residentes en la eurozona, no solo los chipriotas, han pasado a tener acerca de la capacidad de los bancos para devolver sus depósitos. En segundo, pero no menos importante, en la falta de credibilidad que las instituciones europeas han vuelto a proyectar. Inseguridad acerca de su capacidad para valorar las consecuencias de cualquier decisión como la adoptada el pasado fin de semana. Nunca tantas instituciones, desde el BCE a la Comisión, pasando por el Eurogrupo, han generado tanto recelo. Las correcciones posteriores eximiendo de la penalización del tributo sobre los depósitos a los titulares de menos de 100.000 euros es acertada. Queda por ver de dónde saldrán los recursos totales necesarios para completar los fondos asociados al rescate. No sería la mejor salida que las autoridades chipriotas apelaran a financiación de última instancia proporcionada por el Gobierno ruso.
El espectáculo de un ministro de finanzas de la eurozona tratando de vender o hipotecar activos bancarios o yacimientos energéticos a las autoridades rusas dice bien poco de la capacidad de las instituciones europeas. Claro que en condiciones normales activos de distinta naturaleza de un país comunitario pueden llegar a venderse a otros externos, pero las negociaciones mantenidas han dado muestras de la manifiesta incapacidad europea. Incluso revelaron la inquietante cercanía del horizonte de abandono de Chipre de la eurozona. Y este escenario hubiera tenido consecuencias ciertamente severas sobre el conjunto. Es verdad que no hay “manual de instrucciones” para abandonar la moneda única. Y eso es penalizado en unos mercados financieros que siguen presenciando con inquietud las torpezas en la gestión de la crisis.
No hace falta decir que, tras Grecia, son las economías de Italia y España las más perjudicadas por la crisis chipriota. Afortunadamente hasta ahora los operadores financieros saben diferenciar los distintos riesgos, y las cotizaciones de la deuda pública apenas han sufrido, pero no es menos cierto que cualquier decisión que signifique confiscar o gravar activos bancarios afecta a las cotizaciones de las acciones bancarias y, en última instancia, a la confianza del conjunto de los agentes económicos en los sistemas financieros. Y es en este punto de contagio bancario en el conjunto de la UE, en mayor medida que el que se pueda ejercer sobre los tipos de interés de la deuda pública, el que debe seguir preocupando. Los bancos españoles han salvado un episodio importante de crisis y han renovado su capitalización, pero de ningún modo están protegidos de la continuidad de una recesión como la actual combinada con perturbaciones como las observadas en Chipre.
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