Conflicto entre jueces
Lo importante es esclarecer el ‘caso Bárcenas’, sea cual sea el juez que se encargue de ello
La Audiencia Nacional vive un conflicto para determinar qué juez debe instruir la causa sobre los papeles en que Luis Bárcenas anotó entregas de dinero de empresarios y salidas de fondos hacia personas del PP, cuando era gerente y tesorero de este partido. El juez Javier Gómez Bermúdez se considera competente para investigar, lo mismo que su colega Pablo Ruz. La disputa entre los dos instructores, con la fiscalía de por medio, puede dilatar y complicar la investigación.
La instrucción del caso Gürtel acumula más de 2.000 tomos, incluye comisiones rogatorias cursadas a 18 países y cuenta con 101 personas imputadas. Ahí se resumen cuatro años de trabajo, iniciado en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional y que tras diversas vicisitudes volvió al mismo, actualmente al cargo de Ruz. Un primer examen ha encontrado varias coincidencias entre ese sumario y datos que figuran en los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS el 31 de enero y el 3 de febrero. Ruz tiene abierta pieza separada sobre tales documentos. Ojalá hubiese actuado con diligencia y firmeza sobre este asunto desde el primer momento. El magistrado habría evitado así la sensación de que ha sido la irrupción de Gómez Bermudez, que asumió una querella de IU, y la posibilidad de que el caso cayera en sus manos lo que ha hecho que reaccionen él y la fiscalía.
Documentos
En este momento, Ruz vincula el contenido de los papeles de Bárcenas al caso Gürtel. Por su parte, la fiscalía aporta nuevos vínculos entre la información enviada por el PP al Tribunal de Cuentas y pagos efectuados a este partido por la trama Gürtel. El ministerio público propone que se indague y determine “cuál fue el destino final de los pagos realizados tanto por el entorno u organización de Francisco Correa” como de los procedentes de donantes del PP, y las conexiones entre ambos. La fiscalía no entiende en qué se basa Gómez Bermúdez para atribuir a Ruz la voluntad de abrir una “causa general” contra el PP, ni por qué valora la decisión de este magistrado como “contraria” a las leyes.
No parece descabellado que el instructor del sumario principal (Ruz) se ocupe de las conexiones con los papeles de Bárcenas. En todo caso, un órgano superior habrá de resolver la disputa entre ambos magistrados, pero es deseable que tanto la Audiencia como la fiscalía traten este asunto como una cuestión técnica: si hay dudas formales, resuélvanse por el órgano competente, en vez de continuar con el espectáculo de jueces a la greña y actuaciones urgentes del ministerio público. El veto de la Sala de lo Penal a que Bárcenas declarara ante Gómez Bermúdez y el recurso de la fiscalía contra las diligencias ordenadas por este juez sorprenden por extemporáneas y por su dudosa base legal cuando todavía no se ha dirimido el conflicto de competencias. Hasta ese momento, los dos jueces pueden y deben seguir investigando, adoptando las diligencias que consideren pertinentes.
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