Deuda inquietante

A medida que se van conociendo las cuentas públicas del ejercicio pasado va siendo cada vez más evidente el poco acierto en la gestión de la crisis financiera y económica desarrollada por el Gobierno del PP. La deuda pública, una de las variables que definen la estabilidad financiera del país, creció nada menos que 14 puntos de PIB durante 2012 y se situó en 882.000 millones de euros, el mayor aumento registrado jamás, con lo cual el endeudamiento público alcanzará probablemente el 84% del PIB. Los recortes del gasto, todos impopulares y muchos perjudiciales para el futuro del país, no han servido para cumplir con los compromisos de deuda y probablemente de déficit señalados como dramáticamente prioritarios por Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos.

En pura lógica, España se alejó en 2012 de los objetivos de estabilidad, metas que iban a impulsar brotes verdes a medio plazo. El equívoco inicial es que el primer problema de la deuda española no es la pública, sino la privada, tres veces más elevada que la del Tesoro. Pero la evolución de la pública ilustra sobre las fortalezas y debilidades de la política económica del Ejecutivo. Un aumento tan considerable de la deuda indica que la economía española va a estar muy lejos de cumplir con una mínima aproximación al objetivo de déficit (6,3%); y sugiere que puede estar produciéndose algún tipo de trasvase desde la deuda privada a la pública. Por el momento, la recapitalización bancaria (40.000 millones) está asumida como deuda pública, circunstancia que desmiente la calificación de “crédito en condiciones extremadamente favorables” definida por Guindos. El otro factor de explosión de la deuda es el plan de pago a proveedores decidido por el Gobierno porque apuntalaba la solvencia de las empresas y favorecía el crecimiento. Esos eran los efectos beneficiosos; pero los costes, obligados en toda decisión económica, aparecen ahora en toda su crudeza.

Las consecuencias de este desajuste entre objetivos y logros son muy peligrosas para la economía española. Los mercados pueden caer en la cuenta en cualquier momento de que los ciudadanos españoles están pagando un coste enorme por el ajuste en inversión, educación y sanidad, pero los resultados de ese esfuerzo son limitados. En algunos casos, incluso contraproducentes. Porque el Gobierno no ha mostrado hasta ahora capacidad alguna para aplicar ajustes con criterio que produzcan el efecto deseado en reducir el déficit al tiempo que minimicen los daños sobre el crecimiento: sus recortes son indiscriminados y dañosos.

A partir de una tasa de deuda del 90% del PIB, una economía como la española se va a encontrar con problemas de financiación difíciles de resolver. Esperemos que Montoro y Guindos expliquen que decisiones piensan tomar para que la deuda española no llegue a una situación crítica.