Regular la eutanasia

Las tecnologías médicas pueden salvar muchas vidas, pero también prolongar el sufrimiento y la agonía de forma innecesaria. Ocho de cada 10 franceses considera conveniente legislar sobre el derecho de los ciudadanos a morir con dignidad y acelerar, si es necesario, la llegada de la muerte. De acuerdo con este estado de opinión, el Gobierno francés ha anunciado que en los próximos meses enviará al Parlamento un proyecto legislativo para regular la ayuda al suicidio y la asistencia médica en el final de la vida. Con esta decisión, Francia se dispone ahora a transitar un camino, el de la regulación de la eutanasia, que hasta ahora han recorrido en Europa muy pocos países: Bélgica y Holanda han reglamentado la eutanasia activa, mientras que Estonia y Suiza admiten la ayuda al suicidio.

El alcance de la regulación se conocerá en los próximos meses, pero tan relevante como el contenido de la ley es el camino seguido para consensuarlo. El presidente François Hollande creó hace seis meses una comisión interdisciplinar cuyo cometido era recopilar la información necesaria y facilitar una deliberación pública serena y constructiva. Bajo la dirección de esta comisión se han celebrado debates en todo el país y se ha recogido la opinión de decenas de expertos y personas que tenían algo que aportar. La comisión ha emitido un informe que propone regular la ayuda al suicidio y la asistencia médica para acelerar el final de la vida en casos de enfermedad degenerativa en fase terminal e irreversible y siempre a petición del enfermo. La comisión considera que no hay aún consenso para plantear la eutanasia activa —que un médico pueda causar directamente la muerte de un enfermo a petición de este—, pero sí para que pueda facilitarle los medicamentos necesarios para poner fin a su vida. El Gobierno ha encargado ahora al Comité Consultivo Nacional de Bioética que proponga fórmulas concretas de regulación.

Se trata de una iniciativa y un procedimiento apropiados que sería bueno emular al plantear asuntos que generan controversia. El miedo al coste electoral de debates de esta envergadura impide muchas veces abordar cambios legislativos con amplio consenso social, pero que no pueden expresarse políticamente. El resultado es que las posiciones inmovilistas, aunque sean minoritarias, consiguen bloquear cualquier avance. El procedimiento seguido en Francia para abordar esta cuestión es un ejemplo a tener en cuenta.