EDITORIAL

Asegurar las pensiones

El Gobierno tiene que diseñar sin demora un cambio a fondo para evitar la quiebra del sistema

La reforma de las pensiones públicas es uno de los cambios estructurales que necesita abordar la economía para garantizar la viabilidad del sistema en los próximos 50 años. A diferencia de otras grandes reformas, como la financiera, de gran impacto inmediato sobre la economía, los efectos de la de las pensiones se dejarán notar a medio y largo plazo. Pero no por eso es menos urgente, puesto que solo será eficaz si los cambios normativos empiezan a aplicarse poco a poco desde ahora. El Gobierno empieza a ser consciente de que es inevitable un cambio estructural en las pensiones, debido a la presión de la demografía y al deterioro del mercado laboral. O al menos eso cabe deducir de la negativa del Consejo de Ministros a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas en 2012 a la subida de la inflación.

El problema es de fondo y se ha debatido intensamente en los últimos cinco años. El sistema actual es inviable a medio plazo por el creciente envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida; y resulta más inviable todavía si, además, la economía está en fase de depresión laboral profunda. La aportación de un número decreciente de ocupados resultará insuficiente así que pasen 10 años para sufragar los pagos a un número creciente de pensionistas.

Los Gobiernos de Rodríguez Zapatero pasaron de puntillas sobre la necesidad de una reforma en profundidad del sistema y el de Rajoy parece dispuesto a repetir el error. El argumento político que la bloquea es que un cambio de esta naturaleza tendría un coste muy elevado en votos. Resulta también evidente que la demora en la petición de rescate se debe a otras razones distintas al temor a que una de las condiciones impuestas desde Bruselas y Fráncfort sea precisamente un recorte en las pensiones. La fuerza de los hechos obligará a iniciar esa reforma, la exija Bruselas o no.

Las líneas de acción para reformar las pensiones están bien definidas. El Gobierno que acometa la tarea tiene el mapa de situación perfectamente delimitado por el amplio consenso entre economistas, expertos laborales y políticos con experiencia en la Administración pública: ampliar el número de años de ocupación para acceder al 100% de la cotización, calcular esta sobre el conjunto de la vida laboral, adelantar a 2015 o 2016 la norma que aplaza la edad de jubilación hasta los 67 años, prevista por el Ejecutivo anterior para la segunda década del siglo, y romper la indexación de las pensiones con el IPC.

La tarea de un Gobierno consciente del problema y con una legislatura por delante debería ser la de modular en el tiempo estas líneas de acción, de forma que no sean una carga insoportable para los nuevos pensionistas ni para aquellos con prestaciones más reducidas, y alivien el peso sobre las cuentas públicas. Algunas decisiones pueden prolongarse (siempre que no se llegue al desatino de aplicarlas en 2022) y otras pueden escalonarse. Pero lo que resulta imprescindible es que los ciudadanos sepan con claridad cuáles son los criterios de reforma y, por supuesto, que su aplicación se negocie con los agentes sociales. Lo que no es recomendable es que el Ejecutivo siga subiendo las pensiones sin explicar sus consecuencias (un alza del 1% en 2012 está produciendo un aumento del gasto del 4,6%) y no se advierta el riesgo de quiebra del sistema que anuncia el irresistible aumento del gasto estructural por las tendencias demográficas y laborales. En este ámbito también se juega el Gobierno su credibilidad ante los ciudadanos, ante Europa y ante los inversores.

Otras noticias

Últimas noticias

Ver todo el día

La caída libre del precio del crudo sigue tras la cumbre de la OPEP

El precio del barril Brent bate otro récord negativo al cotizar a 71,12 dólares

Uno de cada tres trabajadores nunca ha cambiado de ciudad

Crece la movilidad laboral por primera vez desde 2010 El 2,5% de los ocupados en el primer trimestre de 2014 ha cambiado de municipio de residencia

Duran duda de la presencia de Unió en la lista única de Mas

El dirigente democristiano cree que la propuesta del presidente catalán no será viable

Dos sindicatos policiales ponen una querella contra Más por el 9-N

SPP y UFP se basan en la "inobservancia" de las instrucciones del Tribunal Constitucional

IMPRESCINDIBLES

Contra el veneno

Cuando en un país son legales partidos cuyo objetivo es la destrucción de ese país o nación, está claro que el Estado está mal constituido. El nacionalismo aspira a crear una sociedad moldeable, sin discrepancias

Los naranjos del lago Balaton

Lo peor de un programa político no es que no pueda cumplirse, sino que el empeño en aplicarlo tenga efectos perversos sin conseguir sus objetivos. Las buenas intenciones pueden afectar a nuestro bienestar material

LA CUARTA PÁGINA

Novela, música y poesía

Las notas que a lo largo del tiempo ha ido escribiendo el último premio Cervantes han servido para alimentar una obra en la que ha manifestado interés por las más distintas formas de expresión y por el pensamiento

Epidemiología de la corrupción

Si el mal se propaga entre los funcionarios, el sistema entrará en colapso

¿Por qué una solución federal?

Es la culminación natural y lógica del Estado de las autonomías

Corrupción, urbanismo y opacidad

Tanto las reclasificaciones como las recalificaciones de suelo han llegado a superar el 1.000 % el valor anterior

Una pésima decisión contra el SIDA

El Decreto de Troncalidad impulsado por el Ministerio de Sanidad es un paso atrás en la lucha contra la enfermedad

Lo más visto en...

» Top 50

Webs de PRISA

cerrar ventana