Márgenes en la financiación autonómica

Las tensiones centrífugas en Cataluña, independentistas en su versión extrema, tienen su primer fundamento en la existencia de ciudadanos con sentimiento de pertenencia exclusiva a una comunidad política de ámbito catalán. No se sienten españoles y, al margen de otros factores, preferirían ajustar la realidad institucional (el Estado) a ese espacio de pertenencia e identificación. Las encuestas del CIS muestran que, desde finales de los años ochenta, alrededor del 15% de los catalanes tienen este perfil. A ese porcentaje probablemente habría que sumarle una parte del 25% de ciudadanos que se sienten más catalanes que españoles.

Existe un segundo fundamento, que tiene que ver con el hecho de que Cataluña es un país rico en términos comparados y, por tanto, cuenta con un saldo fiscal desfavorable. Cerrar las fronteras fiscales para interiorizar todos los ingresos públicos que se generan en su territorio supondría contar con más recursos financieros manteniendo la presión fiscal actual. Sería el argumento economicista a favor de la independencia. Un argumento que puede funcionar con individuos con una identidad política diferente al grupo anterior y, sobre todo, con los ciudadanos menos politizados. Puro pragmatismo.

Ambos fundamentos están presentes en la vida política española desde hace mucho tiempo, antes incluso del arranque del Estado autonómico. La crisis económica es lo que explica el desbordamiento actual, porque amplía la base de ciudadanos que abraza uno u otro motivo. La respuesta a la crisis en la UE se estructura mediante una intervención jerárquica donde el que ayuda pasa a dirigir y controlar al gobierno que es ayudado. Lo está sufriendo el Ejecutivo español y ahora opta por aplicarlo hacia abajo. Hombres de negro, memorandos, planes de ajuste supervisados… La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el desarrollo legal del Fondo de Liquidez Autonómica conllevan un ejercicio de centralización de la autonomía financiera y, por tanto, política. Y si había alguna duda de esta voluntad y del nuevo enfoque del Ministerio de Hacienda, la retórica y escenificación antes, durante y después de las últimas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera la despejan.

En segundo lugar, la crisis económica vacía las arcas autonómicas. Las subidas de impuestos y los recortes de gasto generan descontento y frustración. En este contexto, la idea de que reduciendo a cero el saldo fiscal de Cataluña no habría que penar, cala y se extiende. Una idea que, dicho sea de paso, no plantea especiales problemas en el terreno de las ideas a los partidos situados en la derecha o a los que priorizan la dimensión nacionalista sobre el eje izquierda / derecha, pero sí a los partidos de izquierda (y sindicatos) no nacionalistas. Porque si algo caracteriza a esta tradición es la construcción de espacios de fraternidad lo más amplios posibles, que son los que posibilitan que exista redistribución y equidad. El presupuesto de la Unión Europea refleja bien la dificultad de redistribuir cuando no existe un sentimiento de comunidad política bien asentado. Es difícil de entender que colaboren en la tarea de erosión de un espacio de fraternidad a escala española que sí funciona.

Es un error intelectual poner en la balanza solo los beneficios potenciales de la independencia

En esta tesitura, caben tres escenarios. El primero es el del conflicto abierto. El Gobierno central cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso, una Constitución española que da escaso juego a las tesis independentistas, y un argumento de peso: la centralización y la unidad son ingredientes básicos para la estrategia de salida de la crisis. Por su parte, la Generalitat, a expensas de lo que digan las urnas, puede seguir ganando adeptos a la causa independentista y generar un ruido creciente y ensordecedor en el espacio político que se prolonga en el tiempo.

El segundo escenario es el opuesto. El Gobierno central asume las tesis independentistas, acepta los resultados de un referéndum en el que una amplia mayoría de los catalanes vota a favor, y se sienta a negociar las condiciones de la secesión, incluidas las reformas constitucionales necesarias. Teniendo en cuenta la posición de fuerza del Gobierno actual y su programa, me parece que la probabilidad de que ocurra esto en el corto o medio plazo es muy baja.

El tercero de los escenarios pasa por avanzar en la solución federal, en todos sus planos. Juan José Solozábal se refería a los aspectos institucionales, de gobernanza y cultura federal de respeto y lealtad mutua en su artículo del 24 de septiembre en EL PAÍS. Yo me centraré en su dimensión financiera, para acabar con otras dos cuestiones particulares que atañen al caso catalán.

Hay que eliminar el agravio comparativo que supone la aplicación del sistema foral

Podemos y debemos reformar la financiación autonómica. En 2014 debería comenzar a aplicarse un nuevo sistema que habrá que acordar el año que viene. El modelo actual es mejor que los anteriores. Pero es mejorable. En primer lugar, el sistema sigue fallando en que no proporciona la autonomía y la responsabilidad fiscal suficientes a los Gobiernos autónomos. Siguen siendo unos Gobiernos excesivamente dependientes en lo financiero. Y eso no es bueno para el funcionamiento de la democracia ni para la asignación eficiente de los recursos. Se debería proporcionar más espacio fiscal a las comunidades autónomas para que cuenten con los recursos suficientes que atiendan a los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales) que son los que muestran una dinámica más expansiva por la combinación de factores demográficos, avances tecnológicos y objetivos políticos internos o comunitarios. La llamada reforma fiscal verde debería ser pieza central para ello. En segundo lugar, hay que eliminar en el menor plazo posible el agravio comparativo que supone la aplicación del sistema foral. Respetando el bloque constitucional, los resultados del foro pueden y deben equipararse a los del sistema de financiación de régimen común. En tercer lugar, siguen existiendo diferencias en la financiación per capita no justificables. Toca ajustar de nuevo la nivelación interterritorial.

Finalmente, dos cuestiones muy importantes. Es un error intelectual poner en la balanza solo los beneficios potenciales de la independencia. Es verdad que, todo lo demás constante, cerrar las fronteras fiscales proporcionaría varios miles de millones de euros a las arcas catalanas. El problema es que la hipótesis de que todo lo demás se mantiene constante no es razonable. Existe incertidumbre sobre la integración de un hipotético Estado catalán en la Unión Europea y el euro; no se tiene en cuenta qué podría pasar con las empresas que operan desde Cataluña en el resto de España; habría que estimar la respuesta del comercio con el resto de España, el principal mercado para los productos catalanes. En el artículo de Ángel de la Fuente y Sevi Rodríguez, publicado el 24 de septiembre en EL PAÍS, se apuntaba que la caída derivada del PIB catalán podría alcanzar el 9%. Quizá en el largo plazo, estos efectos negativos se irían difuminando, pero en el corto y medio plazo podrían pesar más que los positivos. Este coste neto podría ser irrelevante para los que apoyan la independencia por una cuestión de sentimiento, pero no para los pragmáticos.

El segundo y último comentario se refiere a la valoración de Cataluña, su economía, su cultura y su sociedad civil por parte del resto de España. Por distintas causas, mi sensación es que el liderazgo y buen hacer de Cataluña y los catalanes no son suficientemente valorados. La realidad es que son y deben ser modelo e inspiración para todos los demás. Su capital social, su sistema universitario, su capital político, su capacidad de innovación en todos los frentes… El resto de España tiene mucho que aprender de Cataluña. Una España sin Cataluña sería más pobre y débil en lo económico, pero aún más en el resto de los aspectos. Esto lo pensamos muchos. Quizá debemos empezar a decirlo más veces y más alto.

Santiago Lago Peñas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.