Los impagos de las administraciones arruinan a las ONG

Esta entrada ha sido escrita porMercedes Ruíz-Giménez,Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.

Si algo quedó tras las explicaciones del gobierno sobre los Presupuestos Generales para 2013 es que el pago de los intereses de la deuda se comerá el presupuesto de los Ministerios. Con previsiones de aumento de la deuda de hasta el 80% del PIB para el próximo año, el panorama para la cobertura de los servicios sociales no se presenta muy halagüeño. Nada se especificó sobre las partidas de cada uno de los Ministerios y tendremos que esperar a la próxima comparecencia para poder realizar un análisis detallado; pero todo apunta a que, por encima de la garantía de los derechos ciudadanos, primará el pago de una deuda contraída de manera ilegítima. Cabría preguntarse por qué el gobierno se empeña en pagar algo ilegítimo mientras ignora las deudas contraídas de manera legal.

Al hablar de “otras formas de recortes” nos referimos a retrasos de hasta cinco años en el pago de subvenciones ya concedidas, a no abonar segundos plazos de proyectos ya aprobados, a requerir la devolución de fondos ya concedidos o incluso a no reconocer la deuda contraída.

Las ONGD se enfrentan día a día a la realidad, cada vez más extendida, de Administraciones Públicas que no sólo no pagan lo que deben, sino que además, se ingenian nuevas modalidades para recaudar dinero de las propias ONG con quienes están en deuda (legítima). Se trata de un bucle cínico que demuestra su afán recaudatorio.

Esta combinación de prácticas es asfixiante para muchas ONGD que, confiando en la Administración y cumpliendo con los compromisos adquiridos, adelantaron con sus propios fondos la subvención aprobada. Se dan casos en los que incluso se ha llegado a solicitar créditos para garantizar que los proyectos siguen adelante. Estas ONGD se enfrentan ahora una situación francamente preocupante porque no cobrarán las cantidades que se les deben en dos o tres años -y eso en el mejor de los casos.

Una situación parecida viven muchísimas empresas que contrataron con la Administración la prestación de un servicio o la ejecución de una obra y que ven cómo pasan los días sin que les abonen las cantidades comprometidas, a pesar de que el servicio esté prestado o la obra, finalizada. Sin embargo, en el mes de marzo el gobierno dio un primer paso hacia la resolución de esta situación aprobando un Real Decreto (RD 7/2012) por el que se creaba un Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores. A través de este mecanismo, todo aquel que tuviera la condición de acreedor de una Administración, siempre que su deuda estuviera amparada en la Ley de Contratos del Servicio Público, podía ver una luz al final del túnel.

Pero, ¿qué pasa con las deudas que derivan de la concesión de una subvención, como es el caso de proyectos de cooperación al desarrollo, proyectos culturales, educativos o científicos?, ¿son menos deudas unas que otras? La verdad es que la respuesta depende del lado desde el que se mire. Quien recibe una subvención está igualmente obligado que quien firma un contrato con la Administración, de hecho si por cualquier motivo no es posible realizar toda o parte de la actividad subvencionada, es necesario devolver los fondos y en algunos casos, incluso con intereses. Pero esta lógica no funciona a la inversa. La Administración puede revocar una subvención, declararla prescrita, ingresarla cinco años más tarde e incluso no ingresarla, sin que hasta el momento, se les haya impuesto ninguna penalización. Para ser fieles a la verdad, es posible que las entidades afectadas inicien el arduo camino que supone recurrir un acto de la Administración, asumiendo el señalamiento futuro que probablemente derive de su decisión, pero la realidad nos muestra que para cuando llega el momento de hacerlo, la mayoría no tienen ni medios ni capacidad para lanzarse a la arena judicial.

Una de las situaciones más sangrantes se produce cuando se declara la prescripción de la deuda contraída. Tal es el caso del Ayuntamiento de Móstoles que ha prescrito las subvenciones comprometidas con las organizaciones antes de 2007. Esta situación ha afectado directamente a la ONGD Proyecto Solidario, concretamente a uno de sus proyectos con infancia en Bolivia, del año 2007. Un proyecto que ha sido realizado íntegramente con fondos de la organización que incluso ha hecho todos los informes pertinentes y que ahora se encuentra con la prescripción de esta deuda. Esta organización y otras afectadas por la misma situación han presentado un recurso ante el Ayuntamiento de Móstoles sin que, hasta el día de hoy, hayan tenido respuesta.

Poco margen de actuación tienen las más de 80 ONGD y sus más de 100 proyectos afectados por esta situación, para hacer frente al argumento de la insuficiencia de crédito, esgrimido al unísono por muchas Administraciones Públicas españolas. Y mucho menos si tomamos en cuenta que algunos gobiernos, sin ningún tipo de reparo, se niegan a reconocer la deuda contraída por el equipo de gobierno anterior o declaran prescritas las deudas que tenían pendientes. De esta manera borran de un plumazo a las ONGD de la lista de acreedores. Ya no ocupan ningún lugar en la lista, ni siquiera el último. Desaparecen. Nos preguntamos, ¿por qué se actúa así con deudas contraídas con las ONGD y no se hace algo similar con esos deudores ilegítimos a los que dedicamos el 80% del presupuesto del Estado?

El resultado de esta situación para muchas ONGD es la condena a ocupar sus últimos meses de existencia en paliar al máximo la repercusión que esto tiene sobre la población empobrecida con la que trabajan, en responder a sus organizaciones socias en terreno que esperan todavía su apoyo, en amortizar la deuda con los bancos que en su día les concedieron un crédito, y en dar una respuesta satisfactoria a sus trabajadores y trabajadoras que esperan recibir una indemnización por su despido. Y todo esto, por confiar en que el compromiso asumido por los gobiernos en el momento de aprobar una subvención es incuestionable. ¿Tendremos que decirle a partir de ahora a la ciudadanía que por su bien, es mejor no confiar no sólo en lo que dicen, sino también en lo que hacen los gobiernos?