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PUNTO DE OBSERVACIÓN

El elefante en el salón europeo

Creíamos que las decisiones de la UE eran sobre el comercio. Ahora sabemos que tratan de la sanidad o las pensiones

“Un elefante en el salón” es una expresión anglosajona que designa un problema obvio, pero que nadie quiere ver. El elefante en el salón de la actual crisis europea es la legitimidad democrática que acompaña a la importante serie de medidas que se están adoptando y, especialmente, las que tienen que ver con nuevas competencias fiscales, es decir, con los impuestos que pagan los ciudadanos y los presupuestos que elaboran sus Gobiernos.

Los ciudadanos europeos, y los españoles especialmente, perciben, cada día más, que medidas que afectan a la organización del trabajo, a los salarios o incluso a los mecanismos de protección social son adoptadas fuera de los Parlamentos nacionales. Pero como estamos absortos en otros problemas, no le prestamos atención al enorme animal… hasta que nos pegue una trompada.

Una cosa son las antiguas dudas sobre la legitimidad democrática que acompañan la construcción europea desde su inicio y otra la perplejidad que suscita la nueva situación. Los ciudadanos no parecían muy preocupados hasta ahora por esa deficiencia porque pensaban que las decisiones de la Unión estaban más relacionadas con cuestiones comerciales que con temas centrales de su vida, como la sanidad, la educación o la edad de la jubilación. Esos temas se debatían en los Parlamentos nacionales, sin que existiera conciencia de la interferencia de organismos europeos.

Nadie niega los beneficios que puede suponer que la UE cree políticas comunes en el ámbito económico y financiero

Nadie niega los beneficios que puede suponer que la UE cree políticas comunes en el ámbito económico y financiero. Lo que se denuncia es que los controles que parecían reservados a los Parlamentos nacionales han desaparecido, sin que hayan nacido otros igualmente democráticos para sustituirlos.

Los responsables de la Unión aseguran que esas decisiones son democráticas, porque han sido adoptadas en reuniones en las que participan los jefes de Gobierno de los países miembros, y porque son ejecutadas por la Comisión, cuyo presidente puede ser cesado por el Parlamento Europeo. Pero, fuera de los focos, muchos admiten que esa legitimidad democrática es bastante débil y que los temas sobre los que se está decidiendo deberían exigir un consentimiento más explícito de los pueblos que integran la UE.

El elefante en el salón es un problema político bien serio. La profesora Waltrauid Schelkle, de la London School of Economics, escribió hace poco que puede ser el tema que termine por aplastar el euro y Olaf Cramme, presidente del Policy Network, asegura que, sin resolver ese asunto, no se podrá encontrar una solución duradera a la inestabilidad de la Eurozona.

Es cierto que el problema es aún más acuciante en España, porque no ha habido discusión pública sobre la necesidad, la eficacia o el equilibrio de ese traspaso de soberanía, sepultada por la crisis y la impresión de ser un socio pedigüeño que no tiene derecho a exigencias.

La crisis española no debería, sin embargo, ocultar que existe lo que se definió recientemente como una “fuerte tensión entre la necesidad de transferir competencias a nivel europeo y la necesidad de que exista un escrutinio democrático de las autoridades encargadas del manejo de esas competencias”, incluido el BCE y el nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad. Y que esa tensión nos interesa y nos afecta a los españoles tanto como a los demás.

El “elefante” está dibujado en la lista de 14 páginas que presentará el presidente de la UE, Herman van Rompuy, en la próxima cumbre, pero con líneas demasiado tenues. “¿Cómo aumentar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales?”.

Muy poco y muy lento. Lo más urgente, como figuró esta semana en el documento del Club de Berlín, es que el presidente de la Comisión sea elegido en las urnas y esté dotado así de una mayor autonomía. Lo más rápido sería el compromiso de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 para que el próximo presidente de la Comisión sea el diputado propuesto por el grupo político ganador en las elecciones al Parlamento Europeo. Sería solo un primer paso, pero un buen paso. ¿Apoyará esa iniciativa el Gobierno español?

solg@elpais.es