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EDITORIAL

Estrategia oportunista

Dejar sin sueldo a los diputados no dignifica la política y reduce el control a los gobernantes

La crisis económica y la necesidad de ajustar el gasto público se han convertido en una coartada para hacer propuestas de cariz ideológico por parte de algunos políticos. María Dolores de Cospedal, presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, ha lanzado la idea de reducir el número de diputados regionales y —lo que es más novedoso— retirarles el sueldo y ofrecerles únicamente dietas por su trabajo. Para que la primera reforma saliera adelante, el PP necesitaría el voto mayoritario del Parlamento regional y el apoyo de dos tercios del Congreso, pero para retirar el salario a los parlamentarios bastaría en principio con dejar de presupuestarlo.

Este inusitado castigo a la clase política tiene público. El desempleo masivo, los drásticos recortes presupuestarios y, sobre todo, los numerosos casos de corrupción y mala gestión de lo público dejan el campo abonado para propuestas populistas con trampa. Porque una cosa es aquilatar el gasto público reduciendo salarios y el número de diputados —siempre que sea un recorte moderado— y otra bien distinta convertir la actividad política en un trabajo poco menos que altruista. Los resultados podrían ser desastrosos para el sistema democrático. Participar en política se convertiría en una actividad solo al alcance de los más adinerados; y, al pretender que los diputados vivan de sus respectivas profesiones, estos no podrían dedicarse a la política más que a tiempo parcial, lo que reduciría seriamente su capacidad constitucional de controlar la tarea del Ejecutivo. El sistema de Cospedal no dignificaría la labor de los políticos, como ella defiende, y dejaría las manos más libres a los gobernantes. Una consecuencia que, sin duda, beneficia a Cospedal, como también le beneficia el hecho de que entre el grupo parlamentario popular haya más profesionales de la política con sueldo —como consejeros autónomicos, por ejemplo— que entre el grupo de la oposición. Es otra consecuencia con la que quizá Cospedal ya contaba de antemano.

Esta iniciativa es burda y pone en duda las convicciones democráticas de quien la propone. España necesita una profunda regeneración de la vida política; no su demolición. El cambio que Cospedal propone puede alentar el desprestigio de la actividad pública, además de esconder una estrategia oportunista.

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