Un posible pacto fiscal. Esa es la solución que Ana Torroja, investigada desde 2007 por el juez de Palma Antoni Garcías y la Fiscalía Anticorrupción, ha comenzado a tantear para evitar una posible pena de prisión como resultado de su imputación por cinco supuestos delitos fiscales. El acuerdo sería alcanzado a través de la vía de pacto de conformidad con el fiscal acusador Juan Carrau. La excantante de Mecano mantiene que es inocente y que no defraudó a la Hacienda española porque era residente en el extranjero durante el período investigado, que va desde 2006 hasta 2007. La artista se acogió dos veces a su derecho a no declarar en el juzgado. Además, impugnó la legalidad de la causa penal en su contra solicitado la prescripción para uno de los delitos y acudió en demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero fuentes conocedoras del caso afirman que la apertura del juicio parece inevitable.

Un eventual acuerdo entre la defensa de la cantante y la acusación pública implicaría que la acusada abonase las cantidades supuestamente evadidas a la Hacienda (que superan el millón de euros), más las multas y las condenas pecuniarias por delitos fiscales. El pacto, la asunción de la irregularidad y el abono de los fondos reclamados rebajarían en gran medida el reproche penal de los tribunales. Pero asumir las acusaciones es la única manera que encuentra Torroja de evitar someterse a un juicio público y arriesgarse a ser condenada a penas de prisión.

Un millón de euros

Según fuentes de la Administración, la cantidad exigida por Anticorrupción, planteada como base de la negociación, ronda el millón de euros. Si antes de las negociaciones el fiscal presentase la acusación final formal, las peticiones de pena y las multas exigidas se dispararían al alza, sin las atenuantes penales que ofrece la asunción de los hechos.

El juez Garcías fijó para la artista una fianza de responsabilidad civil de 1,8 millones de euros. Hacienda ha valorado que, en los diferentes ejercicios, Ana Torroja evadió el pago de 1,2 millones de euros en impuestos mediante una malla de sociedades radicadas en el extranjero y en paraísos fiscales. La cantante tenía una sociedad de restauración llamada Carlitos Way, ligada a otra, Thara Holding, ubicada en los Países Bajos y una rama en las Antillas holandesas. Anticorrupción asegura que Torroja derivó al exterior cobros de giras y ventas de discos. Las sedes en Madrid de dos de sus compañías fueron registradas judicialmente.