El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional decidirá en breve sobre la concesión de libertad condicional al recluso Josu Uribetxeberria, enfermo terminal de cáncer y condenado, entre otros delitos, por el secuestro durante 532 días del funcionario de prisiones Ortega Lara. Ello ha provocado una fuerte controversia pública, con un papel protagonista de las asociaciones de víctimas, que acusan al Gobierno de “traición a las víctimas y al Estado de derecho”, y de haber “cedido al chantaje” planteado por la banda con la huelga de hambre de sus presos.

Sin embargo, esa intervención de ETA, siempre buscando aparecer como determinante de lo que ocurra, se ha producido cuando ya estaba en marcha el procedimiento previsto por la ley para casos como este. Uribetxeberria había sido trasladado a un hospital de San Sebastián para los exámenes médicos preceptivos cuando el propio recluso y otros en su apoyo se declararon en huelga de hambre. El resultado de esos análisis ha confirmado el carácter muy grave e irreversible de su dolencia, lo que ha dado paso a la concesión del tercer grado, paso previo para su posible excarcelación en situación de libertad condicional.

Las asociaciones opuestas a esa posibilidad invocan la euforia con que el mundo de ETA saluda este desenlace como prueba del error cometido. Pero ¿cómo no van a estar eufóricos si escuchan a sus enemigos decir que el Estado “ha cedido a su chantaje” provocando un “daño quizás irreversible a la lucha contra el terrorismo”?

Pero es el Estado de derecho el que sale fortalecido. El episodio hace inevitable el contraste entre la actitud humanitaria de la ley y la crueldad e indiferencia de los secuestradores de Ortega Lara, y pone en ridículo a personajes de la izquierda abertzale como la futura candidata Laura Mintegi, que ha acusado al Gobierno de aplicar a Uribetxeberria la “ley del talión”.

La aplicación de la legalidad sin estridencias es el camino más corto para favorecer el desenganche de los presos y demás fuerzas de ETA en la reserva. Y ese desenganche es una de las condiciones para que se ponga en marcha una dinámica de reinserción que aleje la posibilidad de marcha atrás en el abandono de la violencia. Frente a la idea de que lo mejor es no hacer nada, hoy hay condiciones más favorables que en anteriores ocasiones para plantear iniciativas que estimulen ese desenganche. Como la que prepara Interior para el regreso de los miembros o exmiembros de la banda huidos a diferentes países y sin causas pendientes.

En los años ochenta se pusieron en marcha políticas activas de reinserción de los miembros de ETA (pm) huidos y en ruptura con la violencia, con buenos resultados. El intento de aplicarlo a ETA (m) fracasó (entre otras cosas por el asesinato de Yoyes). Pero tras el cese de la violencia, hay condiciones para que la iniciativa prenda y actúe como efecto demostración para presos que pronto o tarde acabarán rebelándose contra quienes les impiden acogerse a las medidas legales de reinserción.