Una treintena de cooperantes españoles han regresado estos días a los campamentos saharauis de Tinduf, desoyendo las advertencias del Gobierno de Madrid sobre un riesgo agravado de secuestros de miembros de ONG´s por parte de grupos terroristas de la región, lo que provocó la urgente evacuación por el Gobierno de Madrid, a fines de julio, de los voluntarios que se encontraban sobre el terreno. Gran parte de ellos hicieron constar su desacuerdo con la medida, que consideraron injustificada, y su intención de volver.

Esta controversia se produce pocas semanas después de la liberación, tras nueve meses de secuestro por una rama local de Al Qaeda, de dos voluntarios españoles y una italiana. Y en un contexto de fuerte inestabilidad en toda la región tras la proclamación en el Norte de Malí de un regimen islamista radical cuyas milicias armadas dominan el territorio.

La posible cooperación logística de varios países europeos en una misión militar de la Comunidad de Estados de África Occidental contra ese régimen es seguramente uno de los factores que han llevado a los servicios secretos occidentales a alertar a España y otros países de ese aumento del riesgo.

Puede que sea exagerado considerar a la franja del Sahel posible germen de un Afganistán africano, como han señalado algunos expertos. Pero incluso sin el agravamiento anunciado, los hechos son ya suficientemente preocupantes. Para rescatar a los tres rehenes liberados el 19 de julio los gobiernos de España e Italia pagaron un rescate millonario y gestionaron la liberación de terroristas islamistas detenidos en Mauritania, según agencias de prensa de la región. Hace dos años la liberación de tres cooperantes catalanes se produjo tras negociaciones similares.

¿Qué pasaría si alguno de los cooperantes que consideran infundada la alarma fuera secuestrado? Pues que tal vez el Gobierno se viera obligado a negociar, pero es seguro que en ese caso la presión de la opinión pública iría en sentido contrario a pagar cualquier rescate. Hay dilemas morales implicados en este tipo de asuntos, pero en la duda debe concederse al Gobierno, que trabaja con datos de sus agentes y los de países aliados, la presunción de veracidad. Y plantearse un sistema de entrega de la ayuda que minimice el riesgo, aunque ello reduzca el papel directo de los cooperantes en esa parte de la operación.