Un grupo de expertos constitucionalistas seleccionados, a instancias del Gobierno, por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha presentado una propuesta de reforma de la ley electoral que permita votar en su comunidad de origen a los vascos y navarros que perdieron el derecho a hacerlo al abandonar su tierra bajo la presión de ETA. Otras veces se ha suscitado este problema, pero siempre se ha considerado difícil encontrar una solución con encaje legal. Tras el cese de ETA, sin embargo, el debate abierto sobre la reparación debida a las víctimas ha llevado a plantear la obligación moral de, como mínimo, tratar de evitar la perpetuación de situaciones injustas provocadas por la banda.

Por ello, sería lógico esperar de los partidos democráticos que, al margen de la viabilidad que concedan al intento, reconocieran de entrada que sería un acto de justicia devolver ese derecho a las personas que lo perdieron bajo amenaza. Partiendo de ese acuerdo de principios, no debería ser imposible consensuar fórmulas para solventar los problemas planteados. El primero, que se introduciría una excepción en un asunto tan sensible como la normativa electoral, que vincula el lugar de residencia con el ejercicio del derecho de voto. Es cierto que sería una excepción, pero ya existe otra con relación al voto de los nacionales residentes en el extranjero. ¿No es absurdo que los que se fueron bajo amenaza puedan conservar el derecho a votar en su tierra si residen en Hamburgo, pero no si viven en Alicante?

Los nacionalistas objetan que la reforma supone una manipulación del censo. Esa reticencia se ve favorecida por especulaciones fabulosas e inciertas sobre la cifra de afectados (los cálculos más atinados hablan de unos pocos miles), que incluyen personas que lo hicieron por otras causas, sobre todo económicas. Pero tampoco puede ignorarse que la mayor manipulación del censo fue la provocada por ETA, que ahora se intenta paliar.

Se ha cuestionado que baste la declaración jurada para que se reconozca que la causa de salida fue la presión de ETA. Por supuesto que es posible el fraude, pero la alternativa, tener que presentar pruebas objetivas, dejaría fuera a muchas más personas realmente perseguidas que los posibles defraudadores. Para reforzar las garantías sería conveniente que el proyecto fuera examinado por el Consejo de Estado. Y siendo un asunto que afecta a las reglas del juego, sería condición un consenso que como mínimo abarcase a los dos principales partidos. Se trata de una causa legítima que requiere una fórmula que no distorsione la lógica de la legislación electoral; algo que merece la pena intentar.