Las comunidades autónomas han entrado en una fase de crisis financiera aguda cuya primera y más grave consecuencia será un nuevo deterioro de la confianza de los inversores en la solvencia de la deuda española. Cataluña anunció ayer que, como Valencia y Murcia, también acudirá al Fondo de Liquidez Autonómica porque necesita dinero para refinanciar los casi 5.500 millones de vencimientos en la segunda parte de 2012. Técnicamente, el recurso al Fondo de Liquidez no es una intervención del Estado; pero el hecho de que el dinero que necesitan las autonomías requiera fuertes ajustes como contrapartida permite asimilar la operación a un rescate.

La situación financiera real de las autonomías es de colapso de liquidez. El hundimiento de los ingresos fiscales y la ausencia de programas de ajuste continuados explicaban esta gravísima situación al inicio de la crisis. Además, se da la circunstancia decisiva de que los mercados financieros internacionales están cerrados para las instituciones españolas. Pero también hay que recordar que durante muchos años las comunidades autónomas han venido incumpliendo sistemáticamente sus programas económico-financieros, acrecentando la deuda con la complacencia de los sucesivos Gobiernos, que por razones políticas o simple negligencia se olvidaron de exigir el cumplimiento a rajatabla de los compromisos de déficit.

Lo que transmite una pésima sensación a la opinión pública y a los inversores cuya confianza se intenta recuperar es la caótica relación del Gobierno central con los Gobiernos autónomos. Parece que las peticiones de acogerse al Fondo de Liquidez han cogido a contrapié al Gobierno, mal informado de las urgencias financieras de las comunidades solicitantes. En una coyuntura tan asfixiante resulta una extravagancia debatir un pacto fiscal para Cataluña. La imagen de descoordinación y frivolidad no contribuirá precisamente a reducir el diferencial de deuda, por encima ya de los 640 puntos básicos ni la rentabilidad del bono a 10 años (7,6%). Errores como este han llevado a la economía a la zona de intervención.

En medio de este colapso financiero autonómico, resulta que el Fondo de Liquidez, dotado inicialmente con unos 18.000 millones, avalados o adelantados por la banca sobre los recursos de Loterías, ni siquiera está constituido; el capital disponible depende de un acuerdo con los bancos. Es una cuestión de supervivencia, como concluir de una vez la reforma bancaria o articular un plan de estabilidad creíble de las finanzas públicas, que Hacienda se siente con los Gobiernos autónomos, conozca de una vez y para siempre cuánto dinero necesitan para refinanciar sus vencimientos y cierre la negociación con la banca privada para dotar el Fondo. La crisis autonómica se ha gangrenado simplemente porque el Ejecutivo no ha sabido responder a la pregunta de cuál es la situación real de las cuentas regionales; y esta falta de respuesta nos está llevando, entre otras causas, a una situación sin salida.