La reforma de la Ley de Costas que anunció el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, avanza inexorablemente y, tal y como se esperaba, va a suponer un frenazo en seco a la norma en vigor que, aprobada en 1988, intenta reducir la presión inmobiliaria en el litoral. El anteproyecto de ley elaborado por este Gobierno no deja lugar a dudas. Las construcciones en dominio público, que según aquella norma quedaron expropiadas bajo la forma de concesión por 30 años (prorrogables a 60) van a pasar a disfrutar de un periodo de gracia general mucho mayor: 75 años. Esas propiedades, condenadas a la piqueta a partir de 2018, podrán, además venderse o heredarse por causa de muerte. Los chiringuitos y demás instalaciones desmontables dispondrán de permisos cuatrienales (ahora son anuales) y de mayor superficie.

Las perspectivas son tan halagüeñas para ciertos negocios privados, que ya hay empresarios proyectando chiringuitos de casi 1.000 metros cuadrados y poniendo a la venta el último palmo de suelo virgen del sobreexplotado Mar Menor. Son reacciones lógicas a un proyecto gubernamental que devuelve el dominio público a la especulación privada y al ladrillo que tanto la han degradado.

Es cierto que el Gobierno mantiene la base principal de la Ley de Costas de 1988, respetando la figura de la concesión y manteniendo un término a la misma, pero este aplazamiento —que pospone el problema del final de las concesiones— es una pésima señal, una relajación de una norma difícil de aplicar que si algo necesitaba era justamente determinación una vez se empezaran a cumplir los plazos.

Resulta especialmente insultante —aunque no sorprendente— la hipocresía con la que se presenta esta reforma como una medida necesaria para lograr justo lo contrario de lo que dice defender. El texto apela a la inseguridad jurídica que provoca la ley actual introduciendo más inseguridad y proclama que el cambio se hace para mejorar la protección del litoral. De hecho, en un auténtico monumento al cinismo, el anteproyecto de ley lleva el título de “ley de protección y uso sostenible del litoral”.