Situación crítica

La economía está aproximándose a una situación de colapso que, de no corregirse con rapidez, podría hacer necesario un rescate total en un plazo relativamente breve. El anuncio de que la Comunidad Valenciana ha pedido la adhesión al Fondo Autonómico de Liquidez debido a la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos disparó ayer la prima de riesgo por encima de los 600 puntos y el diferencial del bono a 10 años al 7,257%. La situación es potencialmente catastrófica porque con un coste de la deuda como el marcado ayer la solvencia exterior de la nación es insostenible.

Durante las últimas semanas se ha comprobado sin lugar a dudas que la estrategia económica más o menos impuesta por Bruselas, consistente en una subida del IVA compensada con una reducción de las cotizaciones sociales, más la intensificación de recortes para los funcionarios y los perceptores de las prestaciones por desempleo no ha conseguido restaurar la confianza de los mercados en la deuda española. Al contrario, si nos atenemos a la rentabilidad que tuvo que pagar el Tesoro en la última subasta de bonos, la desconfianza se ha acentuado. La paradoja es que este conjunto de medidas es probablemente la única solución a corto plazo para la economía, si se ejecuta bien. Ello, independientemente de que sean necesarios todavía más esfuerzos en las próximas semanas. Pero, a pesar de todo, de las medidas adoptadas ya, así como de la firme disposición del Gobierno a profundizar el ajuste, los inversores no conceden credibilidad a dicha política económica. Su ataque a la deuda española pone en riesgo la independencia económica y la continuidad del euro.

Por tanto, es imperativo que el Banco Central Europeo (BCE) compre deuda española en el secundario, recupere las rondas de liquidez y anuncie públicamente que los países que aprueben políticas de ajuste (es el caso de España) contarán con el respaldo ilimitado de la autoridad monetaria europea. El BCE cometerá un gravísimo error si se presta al juego de condicionar su intervención a la mejora temporal de las condiciones de estabilidad en España o Italia, porque quizá no disponga de margen temporal para aplicar con eficacia esa intervención y porque no se puede esperar que los ciudadanos acepten los recortes anunciados y los que necesariamente habrán de venir sin expectativa alguna de salida de la crisis. Tampoco puede argumentarse que debe ser el mecanismo de estabilidad el que decida políticamente la intervención, por las mismas razones de urgencia.

Es una cuestión de supervivencia para la deuda española y para el euro en su conjunto; y no cabe exageración alguna en esta descripción, porque las perspectivas económicas para este año y el próximo, de acuerdo con el cuadro macroeconómico revisado ayer por el Gobierno (muy parecido al elaborado por el FMI) prolongan la recesión. No es previsible un aumento de la credibilidad en la deuda. Hacienda calcula que la partida de intereses de la deuda crecerá en 9.114 millones en 2013 y será el primer capítulo de gasto.

Para el BCE, una institución independiente en teoría, debería ser evidente que esta escalada de gastos financieros invalida cualquier esfuerzo de contención del déficit y elimina cualquier posibilidad de recuperación a medio plazo. Esa es la razón principal que exige una intervención del banco. La razón excepcional, crítica, es que los mercados de deuda no reaccionan a los anuncios de ajuste económico y condenan a un país a una situación extrema. Alemania, la Comisión Europea y el BCE ya no pueden esconderse detrás de tácticas de coacción para imponer medidas drásticas de austeridad; ya están tomadas, seguramente habrá que decidir otras nuevas; pero, desgraciadamente, no calman a los mercados.