De la catedral de Santiago de Compostela no salió solamente el Códice Calixtino. El presunto autor de ese robo poseía también una maleta con 600.000 euros y diferentes bolsas en las que almacenaba otros 1,2 millones de euros y alrededor de 30.000 dólares. Aunque el juez del caso no descarta que “algo” pueda proceder de trabajos del detenido, el grueso es “de la catedral”. También se le han incautado piezas de arte sacro. Pero, ¿se puede robar tanto dinero y obras de arte en una gran catedral? ¿Tan importante es la actividad económica desarrollada ahí como para que sea posible distraer tales cantidades de cepillos o donativos sin que nadie más se dé cuenta? El juez prácticamente descarta que la mujer y el hijo del presunto ladrón estuvieran implicados, lo cual apunta a un insólito delincuente solitario. El sindicato policial SUP llama la atención sobre la necesidad de no cerrar la investigación antes de aclarar si las cantidades de dinero detectadas son fruto de la venta de patrimonio “muy mal guardado” o si proceden de actividades de la Iglesia.

A raíz de la desaparición del Códice, la fiscalía pidió a las diócesis de Galicia inventarios de sus objetos de valor y detalles sobre la seguridad de sus bienes. Fue ignorada. Un año más tarde, tras la recuperación del Códice, la fiscalía ha reiterado la solicitud. Si no hay inventarios, ni medidas para la protección de las obras, cualquiera puede aprovecharse del patrimonio acumulado. Las autoridades catedralicias ni siquiera sabían el día exacto de la desaparición del Códice Calixtino, que solo se conoció por la confesión del detenido.

Si el celebrado manuscrito del siglo XII estaba custodiado en un simple cuarto con una precaria llave, el agujero de seguridad era clamoroso; y si además se puede robar otras piezas de arte e importantes sumas de dinero, conviene que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tome de verdad cartas en el asunto. Y no solo para solemnizar ante la televisión y los fotógrafos la recuperación del Códice Calixtino, amén de un acuerdo tripartito entre el Estado, la Iglesia y la Xunta de Galicia para proteger el patrimonio, justo cuando se acercan las elecciones gallegas.