El robo y la ocultación de menores separados de sus padres y de bebés nacidos en cautiverio para entregarlos a adictos al régimen fue una “práctica sistemática y generalizada” de la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983, según ha asentado la justicia de aquel país. Casi 16 años después de su denuncia, las Abuelas de la Plaza de Mayo, que nunca cejaron en la búsqueda de aquellos niños y bebés, han logrado que un tribunal integrado por tres jueces condenara a varios de los responsables de aquellos crímenes.

Aún no es tarde, pese a que algunos de los criminales hayan fallecido. Los 50 años de cárcel suplementaria para Jorge Rafael Videla garantizan que, a sus 86 años, el que fuera jefe de la Junta no pueda optar a la libertad condicional. Al escuchar la sentencia, el exgeneral no se inmutó ni tuvo un gesto de arrepentimiento. Se ajusta a lo que declaró en el juicio: “Aquellas parturientas usaban a sus hijos embrionarios como escudos”. Tampoco su sucesor al frente de la dictadura, Reynaldo Bignone, transmitió emoción alguna al escuchar su condena.

No hay pruebas escritas de que el secuestro de menores formara parte de un plan, pero los jueces no tienen dudas al respecto. Entre otras razones, porque muchas de las embarazadas detenidas fueron vigiladas por militares y médicos para asegurar que el parto llegaba a buen fin y robarles a sus recién nacidos, y quizá asesinarlas. Tal proceder responde a la cultura de aquella Junta Militar, que usó a esos niños como botín de guerra.

Videla y otros 24 responsables ya fueron condenados por secuestros de este tipo, pero como casos individuales. La novedad es que la decisión judicial ha asentado algo que ya se sospechaba: la sistematización del mal como parte de un “plan general de aniquilación” de los opositores. Se calcula que más de 400 niños y niñas menores de 10 años fueron robados. Más de 100 han recuperado su identidad biológica. De los 26 concernidos por este juicio, solo se prestaron a declarar una veintena. La actitud de estos hijos ante sus “apropiadores” lleva en muchos casos a un conflicto entre la razón y los sentimientos hacia las personas que creían que eran sus padres.

Frente a otras confesiones cristianas, la Iglesia católica argentina se opuso a indagar en este horror que todavía oculta partes muy sombrías. Pero en algo se ha hecho luz y justicia.