El apretado veredicto del Tribunal Constitucional a favor de la legalización de Sortu, seis votos contra cinco, muestra hasta qué punto las dos respuestas posibles, levantar o mantener la prohibición decretada en marzo de 2011 por el Supremo, contaban con argumentos fuertes. Lo sucedido ayer reproduce la ajustada votación del año pasado en el Constitucional respecto a la legalización de Bildu, la agrupación utilizada por la izquierda abertzale para concurrir a las elecciones municipales y forales. Una vez legalizadas las candidaturas de Bildu, y sin que desde entonces se hayan registrado más derivas violentas que algún atisbo de kale borroka —antes al contrario, ETA ha dejado de atentar—, la decisión del Constitucional sobre Sortu resulta coherente con la adoptada respecto a Bildu.

El fondo del problema consistía en determinar si Sortu pretende actuar como simple instrumento político y electoral de una banda terrorista, o si son ciertas sus promesas de abrazar la democracia y la paz. Ante los magistrados se abrían dos difíciles caminos: o bien reconocer que los documentos de Sortu resultan suficientemente rotundos en la condena de la violencia, y que no hay datos para desmentir esa voluntad; o bien sostener que no pasan de ser una mera ficción, destinada a burlar la ley. Frente a la determinación de la izquierda abertzale, cuyos dirigentes tienen claro desde hace años la estrategia de cese de la violencia e implicación abierta en la política, no han faltado las dudas y las divisiones en el campo democrático. En definitiva, una mayoría de magistrados ha estimado el recurso de Sortu contra la prohibición de su inscripción en el registro de partidos políticos, lo cual es tanto como decir que, en democracia, no se puede impedir la participación de una entidad política solo por sospechas sobre su sinceridad.

Aceptar a un partido de la izquierda abertzale en un plano de normalidad política consolida la apuesta de aquella por las vías pacíficas. Sus miembros actuarán mucho más abiertamente y es probable que disminuya el peso de otros grupos que han acompañado al núcleo duro, aglutinado históricamente en torno a Batasuna, y que han contribuido a ahuyentar algunos miedos a votarles. Parte del avance electoral de Bildu —y de la fórmula Amaiur en las elecciones generales— se debió a su relativa pluralidad, de modo que podrían perder respaldo si intentaran quedarse como un partido monolítico.

Habrá quien se lamente de que la democracia no haya sido mucho más exigente con la izquierda soberanista, y de que esta adquiera el derecho a jugar plenamente en política sin haber reconocido antes el daño causado por ETA, ni haberle exigido su disolución. Indiferente a las discrepancias expresadas por los ministros de Justicia y de Interior respecto a la decisión del Constitucional, la Asociación de Víctimas del Terrorismo acusó ayer al Gobierno de Rajoy de haber "llevado a cabo" la hoja de ruta pactada por Zapatero con ETA, e insinuó un acuerdo entre Ejecutivo y PSOE para que la decisión se tomara antes de renovar la composición del Constitucional.

La posibilidad de una involución en el alejamiento entre la izquierda abertzale y ETA no es descartable. Ahora bien, las incertidumbres del futuro no pueden abolirse aferrándose mecánicamente a las seguridades del pasado. Si llegara a probarse que Sortu se halla al servicio de una ETA que se resiste a disolverse, el Estado de derecho tendría que actuar en consecuencia, como lo hizo para derrotar a la banda. Que la izquierda abertzale no va a renunciar al independentismo es una evidencia. Lo que la mayoría del Constitucional no ha aceptado es que, en ausencia de violencia, sea preciso impedirle actuar políticamente.