Daño a la institución

La situación del presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, es muy complicada. No ha podido despejar las sospechas sobre los motivos oficiales de sus largos y frecuentes viajes de fin de semana, ni desmentir que los gastos cargados al erario obedezcan a razones esencialmente privadas. Además, ha causado una división sin precedentes en el seno del Consejo y colocado a la maquinaria pública ante la tesitura de tener que protegerle, desde la Fiscalía General del Estado, que abrió y cerró rápidamente unas diligencias, hasta el pleno de la Sala Penal del Supremo, que ayer denegó la admisión de una querella contra él. Sin olvidar al grupo parlamentario del PP, que al final ha aceptado su comparecencia en el Congreso, todavía sin fecha. Demasiados esfuerzos, demasiadas tensiones para hacer frente a la evidencia de que el presidente del Poder Judicial ha podido gastar injustificadamente dinero público y, de paso, se lo ha hecho gastar al Ministerio del Interior para costear los dispositivos de escolta.

Dívar debe comprender que con su actitud daña, por encima de todo, la institución que representa. Legalmente, el Consejo podría exigir su renuncia, alegando incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo. Pero la fractura existente en su seno se suma a las sospechas más que razonables de que el presidente no es el único miembro del Consejo que se tomaba la liberalidad de usar dinero público y que practicaba la llamada semana caribeña sin necesidad de dar cuenta del porqué.

Una vez conocido el rechazo del Supremo a aceptar la querella contra su presidente, cinco miembros del Poder Judicial tratan de forzar el adelanto de un nuevo pleno para tratar sobre la situación. Dado el corporativismo y los pequeños cálculos de poder en su interior, es difícil que el Consejo acabe con esta situación. Y, sin embargo, a todos estos vocales que han contribuido al descrédito institucional les debería interesar lo que piensa la ciudadanía. La catarata de revelaciones periodísticas mancha un organismo con rango constitucional y, de paso, contribuye a ahondar un poco más el desprestigio de los jueces, considerados como el colectivo de funcionarios en el que menos confían los ciudadanos, según datos del último Barómetro del CIS.

Dívar y sus vocales deben reflexionar y hacer lo necesario para regenerar la institución. Su nombramiento surgió del pacto de 2008 en el que Gobierno y oposición acordaron la elección parlamentaria de los actuales miembros del Consejo, que formalmente designaron a Dívar como presidente, aunque la decisión correspondió en realidad a José Luis Rodríguez Zapatero, de acuerdo con Mariano Rajoy. Es por ello por lo que Gobierno y PSOE, sin menoscabo de la necesaria separación de poderes, deben sentirse interpelados por una crisis sin precedentes en una institución que debe jugar un papel básico en el funcionamiento del Estado.