El anuncio de que el Fondo de Reordenación Bancaria (FROB), bajo control público, denuncia en la Audiencia Nacional al antiguo presidente del Banco de Valencia José Luis Olivas —expresidente de la Generalitat valenciana y uno de los fundadores de Bankia— y algunos de sus colegas en la gestión de la entidad, imprime un nuevo sesgo a la cuestión de la exigencia de responsabilidades causantes de la crisis bancaria que ha desembocado en el rescate europeo. Por un lado, es la primera vez que esto sucede así, directamente, sin el paso intermedio de poner el expediente en conocimiento de la fiscalía, lo que permite deducir que el nivel de irregularidades detectado ha sido de extensión e intensidad inusitadas. Por otra parte, sugiere una sorprendente asimetría de procedimientos, ya que no consta la imposición previa de sanciones administrativas, ni tampoco se han sustanciado otras responsabilidades por vía parlamentaria.

La pésima calidad de la gestión del Banco de Valencia quedó apuntada desde que fue sometido a control público, mediando una importante ayuda, sin que la matriz, Bancaja, asumiese la tarea de su saneamiento, contra lo que es habitual en estos casos. El conglomerado de ambas entidades exhibía una preocupante concentración de riesgo en empresas promotoras y constructoras, una escasa propensión al negocio bancario típico, una inclinación desmesurada por las operaciones especulativas y una alta dependencia de las necesidades de financiación de los caprichos del poder regional, en manos del PP, en forma de obras y proyectos frecuentemente faraónicos. Un síntoma del servicio a estos intereses políticos lo constituye el otorgamiento al expresidente balear Jaume Matas de la inexplicada fianza que le libró en primera instancia del ingreso en prisión por asuntos de corrupción.

Si la entidad hermana, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), era “lo peor de lo peor”, según el supervisor bancario, por la calidad de sus activos y su gestión, otro tanto podría decirse de Bancaja-Banco de Valencia. Las tres entidades constituyeron el principal recurso extrapresupuestario de la Generalitat valenciana. Que, justo para configurarlo con mayor fluidez, no dudó en modificar la ley de cajas autonómica y alejar así de los órganos rectores a cualquier voz discrepante.

La acción judicial del FROB se suma a la emprendida por un núcleo de accionistas minoritarios por presunto delito societario, falsedad contable y administración desleal. Independientemente de las responsabilidades penales que deba dilucidar la justicia, la ciudadanía tiene derecho a requerir explicaciones de los protagonistas de este fiasco empresarial, en los órdenes mercantil, administrativo, cívico y político: de cómo emprendieron esa senda que va desde el capitalismo de casino a la pérdida de poder financiero articulador de una determinada, y dinámica, economía territorial. Se necesita con urgencia un cauce para proporcionarlas, que difícilmente puede ser distinto al parlamentario.