La pugna de perfiles contrapuestos, el de Luis Linde, conocedor de todos y cada uno de los mecanismos que hacen funcionar el Banco de España, y José Manuel González-Páramo, ex consejero del BCE y conexión privilegiada con las autoridades económicas y monetarias europeas, se resolvió a favor del primero, a pesar del notorio inconveniente de que será un gobernador de transición. Una interpretación bien intencionada subrayaría que Linde es la persona adecuada para recuperar la autoestima del banco, y que Luis de Guindos, el ministro de Economía, da prioridad a restaurar el orden en la institución. Pero la praxis política del PP deja pocos resquicios a los análisis optimistas. Es más probable que la designación de Linde se deba a un cálculo de poder, puesto que deberá jubilarse en tres años y ello proporcionará al Gobierno la posibilidad de controlar otro mandato con un gobernador de su cuerda, que a consideraciones estratégicas o técnicas. El PP no se caracteriza por el respeto institucional. Así lo demuestran los intempestivos ataques que ha sufrido el gobernador saliente, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Sea cual sea la calidad de su gestión, parece contraproducente hostigar al gobernador de una institución que debe ser respetada dentro y fuera de España.

Es más importante para los ciudadanos conocer las razones que han llevado a una crisis bancaria sin precedentes en España y, en concreto, por qué el Banco de España no ha sabido detectarla y controlarla. Puede argumentarse que las auditoras tampoco encontraron motivos de alarma en balances que, de forma intuitiva, se suponían debilitados por el crash inmobiliario; pero las firmas privadas han pasado por alto todos los grandes agujeros societarios contemporáneos, desde Banesto y Torras hasta Enron. Pero el Banco de España es una institución pública de gran prestigio; sus servidores siempre han tenido a gala prevenir las catástrofes bancarias antes de que llegaran a constituir un problema para el Estado. Para ello, el banco desarrolló durante décadas procedimientos insistentes y detallados de inspección de bancos y cajas, que incluían la presencia constante de inspectores en las oficinas bancarias.

La tarea de Linde es doble. Por una parte, tiene que calmar los ánimos internos en el banco, revisar las actuaciones del regulador en los casos de Bankia y las cajas nacionalizadas, señalar los errores cometidos y, si se corresponde con las conclusiones obtenidas, volver a los procedimientos de inspección con los que el Banco evitó tantas catástrofes financieras en el pasado. Por otra, Linde tiene que tomar el mando en las operaciones de rescate que organice el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con dinero privado, público español y público europeo. Recuperar el mando en el rescate es esencial para la confianza de la institución, pero también para corregir la conducta errática en la gestión de la crisis que ha seguido el Ministerio de Economía.

En síntesis, una institución que atraviesa por una situación crítica debe hacer frente a una crisis bancaria que ha llevado al país a la frontera de una intervención financiera. Y para ello el nuevo gobernador tiene que restañar las heridas que, al menos en parte, el Gobierno que le apoya ha contribuido a agravar. Una paradoja que define perfectamente la depresión política y económica actual.