Más transparencia

Las contradicciones están marcando los primeros pasos de lo que será la primera ley de transparencia de la que dispondrá España, el único gran país europeo que carece de ella. De un lado, es de ley reconocer que este Gobierno es el primero que corre el riesgo de lanzar un proyecto que, en mayor o menor medida, va a aumentar la capacidad de control ciudadano sobre sus decisiones y sus actuaciones. De otro lado, como si la pesada inercia de la opacidad fuera insoslayable, el Ejecutivo está utilizando un procedimiento poco transparente. Prueba palmaria de ello es que el Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley, lo presentó, pero no lo dio a conocer. Es cierto que ejecutivos anteriores han usado el mismo subterfugio, pero no puede ser argumento válido justamente para el que pretende romper con el tradicional oscurantismo español. Tampoco ha habido transparencia informativa en el novedoso proceso de participación ciudadana que, según el Gobierno, ha provocado 3.700 observaciones a través de la página web abierta para ello y, finalmente, ni se ha esperado el final del debate abierto a instancias del mismo Ejecutivo entre 38 expertos ni se ha explicado el motivo de tan extravagante desplante.

El cambio más sustancial y, en principio, positivo acometido en el proyecto desde que se lanzó el borrador en marzo es el sistema de nombramiento y cese del presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, que, según Moncloa, “se equipara a los organismos reguladores”, lo que significa que lo nombrará el Gobierno (y con mayoría absoluta del parlamento), pero su cese solo es posible por causas mayores, lo que debe permitir al nombrado un cierto margen de maniobra respecto a quien lo designó.

El aspecto más negativo del proyecto es el principio de “silencio negativo”, que deja al criterio de las administraciones públicas la potestad de dar la callada por respuesta a cualquier pregunta. Y el Gobierno también ha desoído las propuestas de incorporar a la Casa Real a este ejercicio obligado de transparencia. Por lo demás, la puesta en marcha de esta ley que obliga a publicar contratos, sueldos y actividades de los altos cargos de todas las administraciones y que prevé sanciones para los que falseen y oculten datos debería ser el inicio —por fin— de una nueva manera de concebir la gestión política que pasa por ampliar la capacidad de supervisión de los administrados.