La hora del acuerdo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió ayer afirmativamente, pero sin convicción, a la propuesta de diálogo político lanzada por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para hacer frente a la situación de prepánico financiero que soportan la deuda española y la bolsa. La prima de riesgo llegó ayer a los 507 puntos básicos, aunque después descendió suavemente hasta los 482 puntos debido a las señales de intervención emitidas por el Banco Central Europeo; el diferencial del bono a diez años con Alemania superó la barrera del 6,5% y el Ibex 35 volvió a caer. Todo ello en medio de un caótico cruce de rumores, desde la implantación de un corralito en España hasta la salida inminente de Grecia, que describe la confusión de la gestión de la crisis en Europa y, por desgracia, el empeoramiento alarmante de las condiciones de solvencia de España.

En esta situación, lo conveniente para el país hubiera sido que Rajoy acogiese con interés, incluso con entusiasmo, la oferta del primer partido de la oposición. Así, el Gobierno habría capitalizado el apoyo del PSOE como un logro político propio y presentaría ante los inversores un frente político unido, que es de lo que se trata, contra la desconfianza de Europa y los inversores sobre la solvencia de la banca española. Pero el presidente y su equipo económico fueron incapaces de reaccionar con agilidad, asustados o superados por la persistencia de tensiones que no se aplacan con los remedios anunciados. Cinco meses después de la llegada de Rajoy a la Moncloa la percepción exterior de la economía española ha empeorado, los ajustes presupuestarios no convencen a los acreedores de nuestra deuda pública o privada y los mercados reciben las reformas españolas como un simple placebo. En menos de un semestre, Economía ha dictado dos reformas financieras que Bruselas considera insuficientes.

El desánimo se extiende entre los ciudadanos entre otras razones por la actitud del Gobierno. El ministro de Economía llegó a Bruselas con el mensaje de que España había hecho los ajustes que podía hacer y ahora era el turno de las decisiones europeas; salió de Bruselas con el reconocimiento explícito de que el BCE analizará la situación de los bancos españoles y dictará sentencia sobre ellos. Pues bien, si los ajustes presupuestarios y las llamadas reformas económicas que ha aprobado el Gobierno hasta ahora es todo lo que puede hacer, habrá que convenir en que pronto ha tirado la toalla. Nada conviene más a los bancos españoles que recibir el aval del BCE, que es su principal deudor, para recuperar la confianza europea; pero la actitud del Gobierno sitúa a la banca española en un estado de control directo de la autoridad monetaria europea, próximo a la intervención. ¿Es esto lo que desean Rajoy, Guindos y Montoro?

Por más que se aluda a la crisis griega, cierta y muy perjudicial para la estabilidad de la zona euro, la verdad es que la gestión económica en España es responsable del plus de castigo que recibe la economía española todos los días. El fracaso de todas las reformas financieras (nada menos que cuatro desde que comenzó la crisis) ha reducido el margen de maniobra del Gobierno hasta limitarlo a una política de recortes estatales y autonómicos que dañan el bienestar ciudadano pero que, en opinión de Bruselas, no servirán para cumplir el objetivo de déficit. En una posición tan delicada, ningunear la oferta de diálogo con la oposición sería un grave error político; es una de las escasas decisiones que podrían restaurar el ánimo ciudadano. Otra sería el aplazamiento pactado de los objetivos de estabilidad hasta 2015 al menos. Y una tercera, la elaboración de un plan pactado con Europa para combatir la recesión y aumentar el empleo.