El actual sistema de salud pública está sustentado en la solidaridad. La Constitución determina que es un derecho de todos los españoles y debe de ser la Administración la que debe garantizar ese derecho.

Se financia a través de los impuestos (IVA, IRPF, impuestos especiales), y se provee a través de las Comunidades Autónomas. En todos los estudios de sistemas sanitarios se reconoce nuestra organización sanitaria muy equitativa (accesibilidad, no discriminación), y eficiente porque nuestro gasto sanitario está dos puntos por debajo que la media de la OCDE.

En la actualidad se está cuestionando la viabilidad del modelo, y parece evidente que tenemos que llegar al acuerdo de qué cosas se deben cubrir desde lo público y cuáles no, porque los recursos son limitados y las demandas infinitas. Pero, existe una cuestión que es claramente inconstitucional: negar el derecho a la asistencia sanitaria pública a algún ciudadano.

El Partido Popular está tomando medidas de discriminación de la accesibilidad. Es como si no dejáramos ir por una carretera pública a según que personas. Lo más grave es que se margina de la asistencia sanitaria a las capas sociales más desprotegidas, que a su vez son las que más problemas de salud presentan. Es el mundo al revés, en vez de ser solidarios, el PP pretende que la sociedad castigue a los más necesitados.

La pregunta es: ¿a quién beneficia esta política?, la respuesta es fácil: a nadie. Porque la consecuencia es más pobreza, más marginación y más desarraigo social.

El ahorro no viene de negar la asistencia a un colectivo, sino de racionalizar las prestaciones y aplicar criterios de gestión.— Adolfo Cajal Marza. Medico de Familia.