Política penitenciaria

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado la existencia de un programa de política penitenciaria básicamente orientado a favorecer la reinserción de los presos de ETA, aunque aplicable también a otros reclusos. Lo esencial del programa es su gradualismo: para incorporarse al plan, los reclusos de ETA deberán rechazar la violencia y desvincularse públicamente de la organización terrorista, pero no se les exigirán las otras condiciones previstas en la ley: petición de perdón, reconocimiento del mal causado, colaboración con las autoridades, etcétera. Los presos que se acojan a ese programa podrán ser acercados a prisiones del País Vasco donde proseguirían el proceso de reinserción, con la aplicación de beneficios penitenciarios en los términos establecidos por la ley.

El plan del Gobierno está probablemente condicionado por la voluntad de establecer un equilibrio entre la opinión dominante en el País Vasco, favorable a la flexibilización de la política penitenciaria, y la mayoritaria en el resto de España, contraria a esa posibilidad. Esa distinta percepción se manifiesta también en los partidos: los de Euskadi, incluyendo con matices al PP vasco, son partidarios de dejar abierta la posibilidad de poner fin a la dispersión; mientras que un sector del PP nacional, condicionado por la actitud de las organizaciones de víctimas del terrorismo, está en contra de cualquier cambio.

La iniciativa del Gobierno tiene el mérito de avanzar una posición propia, hasta ahora inexistente. Rajoy reconoció la importancia del cese de la violencia de ETA sin contrapartidas, cuya consecuencia lógica sería adaptar la política penitenciaria a la nueva situación (por ejemplo, poniendo fin a la dispersión, medida que no requiere cambios legales y sería fácilmente reversible, si fuera necesario).

El Gobierno avanza ahora un prudentísimo paso en esa dirección, lo que es positivo. Pero desconcierta que haya bastado que la portavoz de la Asociación de Víctimas levantase la voz contra la medida, reclamando como única política penitenciaria el cumplimiento íntegro de las penas, para que portavoces del PP hayan salido a negar cualquier cambio de postura por su parte. A corto plazo, una cierta flexibilidad es condición para que los presos se atrevan a desobedecer a sus jefes y a reclamarles la disolución. A medio plazo, esa dinámica abrirá paso también al reconocimiento del daño causado y petición de perdón.