Plan con escotilla

El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley donde se recogen las medidas para combatir el fraude fiscal. El anuncio llega apenas días después de haber incluido una amnistía en los Presupuestos de 2012. Esta conjunción de iniciativas contradictorias arroja una sombra sobre la voluntad del Ejecutivo de aflorar la economía sumergida en España, que podría superar un quinto del producto interior bruto. El combate decidido contra el fraude no puede dejar una escotilla como la que representa la amnistía aprobada. Y la existencia de esa escotilla evidencia la escasa confianza del Gobierno en su plan antifraude: si de verdad creyera en la eficacia de los instrumentos que contempla no permitiría mermar a bajo coste uno de los más importantes yacimientos fiscales en España.

El anteproyecto de ley se inspira en la legislación de países como Francia e Italia, en particular en las limitaciones impuestas a los pagos en efectivo en los que intervenga un empresario profesional. Lo que aporta la legislación aprobada por el Gobierno de Rajoy es, sin embargo, una ampliación de los márgenes para aplicarla, cuando las cifras estimadas de la economía sumergida en España aconsejarían su reducción. Es objetable que el límite fijado para las operaciones en efectivo sea más del doble del existente en Italia y solo algo inferior al general vigente en Francia, donde se contempla, además, el caso específico, y más restrictivo, del pago de salarios.

El anteproyecto incluye otros instrumentos para luchar contra el fraude como la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas y la posibilidad de adoptar medidas cautelares contra los defraudadores para evitar las declaraciones de insolvencia al término de los procesos de inspección, muchas veces largos y complejos. Son medidas que merecen mayor aclaración aunque, en términos generales, parecen ir en la buena dirección, como la obligación de declarar las cuentas en el extranjero.

Precisamente por ello se hace más palpable el desacierto de anunciarlo tras aprobar una amnistía fiscal. Además de la eficacia que puedan tener los instrumentos creados por el Gobierno, que solo se evaluarán en la práctica, existe un componente de pedagogía ciudadana que resultaba especialmente necesario en una crisis como la actual y que ha sido desatendido. Y sin un contundente reforzamiento del aparato administrativo dedicado a combatir el fraude, el anteproyecto puede quedar en una declaración de buenos propósitos.