Las preguntas de Cádiz

La Constitución de Cádiz, cuyo bicentenario se conmemora hoy, marcó el destino político de España y de América Latina, al abrir la puerta al ciclo de independencias que se desarrollaría a lo largo del siglo XIX. El intento napoleónico de sustituir la dinastía reinante en la Península provocó una crisis de legitimidad del sistema político español, y los constituyentes de Cádiz intentaron cerrarlo mediante un texto que buscó inspiración en otros anteriores y sirvió también de modelo a los que vendrían después. Todavía reciente en aquellos tiempos la polémica sobre las aportaciones de España a la cultura europea, la Constitución de Cádiz vino a recordar que ningún país, ni entonces ni ahora, está genéticamente incapacitado para sumarse a las corrientes políticas y de pensamiento que garantizan mayor libertad a los individuos.

Con la Constitución de Cádiz los españoles dejaron de ser súbditos y se proclamaron ciudadanos, poco importa que los instrumentos para lograrlo fueran incompletos o insuficientes si se contemplan con criterios actuales. La igualdad ante la ley tendría que recorrer aún un largo camino, lo mismo que el derecho al sufragio, los límites entre los poderes separados, la relación de la Iglesia con el Estado o la concepción de la soberanía. No pocos de los avances contemplados por la Constitución fueron, incluso, revisados durante las turbulencias políticas que desde entonces tantas veces sumieron la historia de España en la violencia y el caos. Como aspiración a recuperar o como referente a combatir, el texto de Cádiz hizo de la lucha política una lucha por imponer una Constitución u otra, pero, en cualquier caso, una Constitución. Ello significaba admitir la idea imprescindible para cualquier régimen democrático de que el poder político no puede ser ilimitado frente a los ciudadanos.

No todos los constituyentes de Cádiz eran liberales; lo que sí aceptaron todos, los que lo eran y los que no, fue la idea liberal de que se necesitaba alcanzar un pacto entre concepciones distintas, y hasta contradictorias, para resolver la quiebra de legitimidad causada por la invasión napoleónica. Sería el propio rey Fernando VII quien primero actuó con deslealtad hacia ese pacto, desencadenando el trágico vaivén de la historia de España cuya inercia llegaría hasta la Guerra Civil de 1936. La lección que se desprende al revisar ese pasado sobrecogedor es que ningún sistema político podía ser la imposición de la mitad de los españoles sobre la otra mitad, sino el que todos en conjunto decidieran.

La Constitución de Cádiz tiene vigencia, no porque todas las respuestas que ofreció sigan siendo válidas dos siglos después, sino porque lo son las preguntas que formuló. Son esas preguntas las que conviene no perder de vista dos siglos después de que se las hicieran un puñado de españoles acosados por el ejército más poderoso de aquel tiempo; no perderlas de vista ni en nombre de una tradición que pretende preservar las supuestas esencias de España ni tampoco en nombre de las siempre inciertas elucubraciones sobre el futuro.