Menos pacto fiscal, más contrato social

Fotografía: Nathalie Paco

Hace pocos días la Fundación Foessa (dependiente de Caritas Española) hizo público un informe en el que describe la fotografía de la pobreza y la exclusión social en la España de la crisis. Los datos, que fueron recogidos ampliamente por los medios de comunicación, muestran un panorama inquietante: uno de cada cuatro residentes en nuestro país se encuentra en situación de pobreza y/o exclusión social. Solo en el período comprendido entre 2007 y 2010 la renta disponible por persona cayó un 9%, mientras las cifras de desigualdad nacional se disparaban a niveles récord, dejando a nuestro país en un bochornoso tercer lugar en los niveles de pobreza de la UE. Es difícil describir la ansiedad y el sufrimiento que se esconden tras estos números.

El informe, sin embargo, hace algo más que ofrecernos una foto fija de la situación. De su observación de los últimos quince años es posible extraer una lección fundamental: el crecimiento económico y el despegue del empleo durante los años buenos no se tradujo en una reducción equivalente de los niveles de desigualdad y vulnerabilidad social. Como señalan sus autores en algún momento, la crisis económica ha hecho aflorar una "crisis social" que ya existía previamente. Y eso yo no lo vi destacado en ningún medio.

La lectura de este trabajo despierta algunas dudas en legos como yo:

1) ¿Qué hicimos mal durante las vacas gordas?Cuando los responsables socialistas fueron cuestionados hace unos meses por el ascenso galopante de la desigualdad en nuestro país, el Gobierno ofreció cifras que demostraban el incremento sustancial del gasto público destinado a la protección social. Entre 2005 y 2011, el salario mínimo creció un 25%; las pensiones medias un 35% y las no contributivas un 17%; más de 750.000 personas se convirtieron en beneficiarios de las prestaciones por dependencia; y la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo creció del 64 al 77%.

La pregunta es evidente: ¿cómo es posible que estas cifras no se tradujesen en suelos sociales más firmes? Más allá de las ineficiencias de algunas de estas herramientas, los argumentos que ofrecen los expertos de Foessa apuntan en una dirección: el esfuerzo fue considerable, pero claramente insuficiente. El nivel de gasto en protección social se encuentra en España a 15 puntos de la media europea (25, en el caso de los miembros más prósperos del euro, como Alemania). Viniendo de donde venimos, el esfuerzo debe ser mucho más ambicioso y sostenido, lo cual pone en solfa el relajo de las políticas fiscales durante los años de prosperidad económica.

2) Si lo anterior es cierto, ¿podemos esperar que una recuperación del empleo reduzca los niveles de vulnerabilidad social?Solo en parte y nunca de forma estructural. El empleo de baja calidad que atenaza el modelo productivo español no ha sido una solución en el pasado y no lo será en el futuro. Por mucho que la cacareen algunos responsables políticos, la idea de que "el empleo es la mejor política de protección social" supone despreciar los hechos. Más aún, los bajos salarios son parte fundamental del fenómeno de la exclusión social en España (los llamados "trabajadores pobres"), así que las reformas más recientes del mercado de trabajo pueden incrementar la competitividad de nuestra economía... a costa de los sectores más pobres de nuestra sociedad. No hay "flexiseguridad" si solo hay flexibilidad.

3) ¿Cuánto tiempo podremos soportar los insoportables niveles de desigualdad entre los países europeos y al interior de España? El número de hogares que se benefician en España de la Renta Mínima de Inserción pasó de 100.000 a más de 200.000 con la crisis. Sin embargo, la protección no creció necesariamente en las comunidades autónomas que concentran los niveles más altos de pobreza (como Extremadura o Andalucía), sino en las que contaban con más recursos. Estos agravios comparativos se producen también en la aplicación de otras medidas, como la Ley de Dependencia.

¿Es posible elevar la igualdad social a un rango equivalente al de la reducción del déficit? ¿Podemos aceptar que las diferencias que existen entre ciudadanos de la UE o entre los de nuestro propio país resultan al menos tan escandalosas como el incumplimiento de la disciplina presupuestaria? Más que un pacto fiscal, necesitamos un nuevo contrato social.