El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha enviado un mensaje al Gobierno español que el equipo económico debería analizar con mucha atención. La primera parte de ese mensaje es que España está jugando con su credibilidad ante las autoridades comunitarias y ante los inversores con su declarada intención de aplazar los Presupuestos Generales del Estado para 2012 hasta después de las elecciones andaluzas, con la poco sutil intención de que los ajustes y recortes en las cuentas, probablemente muy radicales, no pasen factura política al partido en el Gobierno de la nación. La Comisión Europea no entiende que la estabilidad se subordine a conveniencias políticas; con razón. El segundo mensaje es más inquietante. Rehn insiste, al menos en primera instancia, en que España cumpla su compromiso de reducir el déficit público en 2012 desde aproximadamente el 8% del PIB actual hasta el 4,4%. Un objetivo que, por decirlo suavemente, está entre lo inverosímil y lo imposible.

No se sabe si la Comisión alberga o no serias dudas sobre el volumen de déficit público en 2011 y 2012; pero como esas dudas no se han manifestado oficialmente, la situación debe analizarse como si no existieran. La insistencia de Europa en el 4,4% supone un revés, sin embargo, para España y para la estrategia económica del Gobierno. No es un secreto que Rajoy y su equipo desearían pactar en Bruselas un nuevo calendario de estabilidad presupuestaria que permitiera reducir el déficit de forma más pausada. El argumento es que las posibilidades de recortar el déficit y la deuda están directamente relacionadas con el crecimiento económico. En plena recesión, es prácticamente imposible bajar en un solo año el déficit en cuatro puntos.

Si Europa no flexibiliza sus posiciones sobre el déficit, la economía española se encontrará en un gravísimo aprieto. Un ajuste de 40.000 millones equivale a imponer recortes presupuestarios que se traducirían en aumentos importantes del desempleo y subidas de impuestos (especiales, IVA) que congelarían un poco más el consumo y la inversión sin permitir, a cambio, estímulos directos a la demanda. El impacto sería equivalente a varios trimestres más de recesión. Para Europa, la inflexibilidad sería un grave error, porque llevaría a la economía española a un grado de exasperación social insufrible. En esas condiciones, España pasaría a ser probablemente una economía poco sostenible según los parámetros de desequilibrios económicos que utiliza el propio Rehn.

No es una política inteligente acentuar la recesión en un país de un área que ya ha entrado en una contracción del PIB global (-0,3% en el último trimestre de 2011). Existe además un resquicio para pactar condiciones más flexibles. El nuevo Tratado permite un margen de déficit estructural; en nombre de ese margen puede aceptarse un plan de estabilidad un poco más laxo. La Comisión, Merkel y el BCE disponen, con el nuevo Tratado, de los resortes necesarios para seguir el ajuste español sin necesidad de imponer tareas imposibles.