El ajuste va en serio

El Gobierno, a través del ministro de Economía, prometió una reforma laboral “extremadamente agresiva”. En inglés, el idioma en el que se expresó Guindos, se dice también de algo que se hace de forma decidida, con determinación. Pues bien, en sus grandes directrices, el que aprobó ayer el Consejo de Ministros parece un mensaje contundente a los mercados y a las autoridades europeas de la voluntad de ajuste en España. Los pilares de este cambio laboral son la generalización del contrato con una indemnización por despido de 33 días y un tope de 24 mensualidades, máxima flexibilidad para que las empresas puedan acogerse a la vía del despido procedente (20 días por año trabajado de indemnización), puesto que se suprime la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo (ERE), y la creación de un nuevo contrato indefinido para pymes orientado a aumentar la contratación de jóvenes.

La reforma apunta además una nueva cultura de la negociación colectiva. Las empresas y los trabajadores tendrán más margen para negociar los horarios, la jornada laboral y los salarios, y los convenios acordados en ese marco tendrán prioridad sobre los sectoriales. A falta de conocer el texto exacto del decreto ley, se vislumbra que la posibilidad de descuelgue de los convenios sectoriales o territoriales puede permitir a las empresas y a los trabajadores intercambiar salario por empleo; la destrucción de empleo, el primer problema del ruinoso mercado de trabajo español, podría cauterizarse así con eficacia.

Donde también ha avanzado esta reforma es en precisar las causas objetivas del despido. Encadenar tres trimestres de caída en las ventas permitirá poner en marcha el mecanismo de ajuste del empleo. También reviste cierto interés el condicionar las prestaciones de paro a la prestación de servicios a la comunidad.

Una buena parte de la contratación que propone el Gobierno es bienintencionada, pero necesita de un enfoque más nítido. De entrada, porque donde parecía conveniente simplificar el número de contratos, el Gobierno ha terciado creando uno nuevo. Eso sí, este es tan ventajoso que resulta probable que acabe desplazando a los demás. Ese “contrato indefinido estable”, pensado para empresas de menos de 50 trabajadores y con ayudas de 3.000 euros en el primer contrato para un menor de 30 años, implica que, por primera vez en España, se puede compatibilizar el sueldo con la prestación y deducir hasta el 50% la prestación de las cuotas a la Seguridad Social.

También habría sido útil asociar la compatibilidad del salario con la prestación por desempleo en el contrato estable a tiempo parcial de los jóvenes porque, de esa manera, la empresa contrataría solo al trabajador que necesita y habría un ahorro importante en estímulos públicos.

Lo que no resulta muy convincente es la receta para acabar con la dualidad en el mercado de trabajo. Báñez cree que prohibiendo el encadenamiento de contratos temporales a partir del 31 de diciembre de este año acabará con el problema. No es cierto. Es un argumento similar a prohibir las subidas de precios para acabar con la inflación.

En síntesis, la reforma es profunda y significativa en el aspecto de las indemnizaciones y en la precisión de las causas objetivas de despido, aunque debería reformular mejor cómo y dónde deben aplicarse los estímulos a la creación de puestos. De esa forma, además de convencer a las autoridades europeas de la voluntad de realizar reformas económicas, se conseguirá optimizar la creación de empleo cuando se produzca la reactivación de la economía.