La Generalitat vincula el conocimiento del catalán para certificar la integración de inmigrantes

El Gobierno de la Generalitat harespondidohoy al sondeo publicado ayer y que certificaba que un 25% de los catalanes tiene actitudes claramente racistas. Sin criticar estas actitudes, el Gobierno de CiU ha anunciado unas inconcretas medidas de mano dura que pasan por aplicar a rajatabla la ley de Acogida de Inmigrantes aprobada por el anterior Gobierno.

Concretamente, el Gobierno de Artur Mas pretende dar máxima relevancia al grado de conocimiento del catalán de los inmigrantes a la hora de que los ayuntamientos les otorguen el certificado de arraigo. El portavoz del Gobierno, Francesc Homs, ha explicado que el Ejecutivo considerará "requisito muy determinante" el grado de conocimiento del catalán. Sin embargo, no ha aclarado cómo piensa el Gobierno catalán evaluar el nivel de conocimiento de esta lengua.

En realidad, la Generalitat tiene pocas competencias para influir en el certificado de arraigo de los inmigrantes. La ley de Acogida prevé que el Gobierno catalán emita un certificado previo para orientar a los ayuntamientos sobre si el inmigrante ha alcanzado un nivel suficiente de conocimiento de la sociedad que le rodea. Este certificado, que no es vinculante, se emite después de que el inmigrante asista a unos cursillos organizados por la Generalitat en los que el catalán es un elemento más pero no el único: también se les enseña cuestiones sobre el marco laboral y legal.

Sobre la ley de Acogida pesa un recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo impuso la defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, por considerar que el castellano queda marginado de esta ley. El motivo es que el texto prioriza la enseñanza del catalán como lengua "de acogida" por encima del castellano.

Certificados de inmigración a parte, el Gobierno catalán también ha dado hoy marcha atrás en algunos de los recortes de personal aprobados las últimas semanas y ha acordado hoy cubrir la mitad de las bajas de cualquier tipo en la administración de justicia, para garantizar así el buen funcionamiento de los juzgados, que se encuentran al borde del colapso debido a las limitaciiones a la sustitución de vacantes.

El Ejecutivo catalán también ha aprobadocubrir la mitad de las vacantes del personal de administración y servicios adscritos a los colegios y servicios educativos públicos. Esto incluye, además de los administrativos, el personal que realiza tareas de apoyo a la actividad docente, así como el de guarderías o profesionales de centros de educación especial.