La Eurocámara pide congelar los fondos a España si no acaba con los abusos urbanísticos

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves el informe Auken que exige que se congelen los fondos comunitarios para España hasta que se resuelvan los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE. La resolución, extremadamente dura con la situación urbanística de España, ha sido elaborada por la diputada verde danesa Margrete Auken, que pide suspender y revisar todos los nuevos planes que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad. Exige además anular los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.

El pleno ha sacado adelante el informe, que no es vinculante, con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones. Se trata de la tercera vez que el pleno denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

Los socialistas y populares españoles han propuesto dos resoluciones alternativas para rebajar el contenido, pero ambas han sido rechazadas. La del PP, por 393 votos en contra y solo 126 a favor. La del PSOE contaba en principio con el apoyo de todos los socialistas europeos, pero antes de la votación, el laborista británico Michael Cashman ha retirado su firma y ha solicitado que no se introdujeran cambios. Finalmente, la iniciativa del PSOE ha sido tumbada por 436 votos en contra y 72 a favor.

Corrupción endémica

"En España se ha generado una forma endémica de corrupción", señala el texto, que responsabiliza a todos los niveles de la administración de un modelo de "desarrollo insostenible". El informe indica además que las autoridades judiciales no están "debidamente preparadas" para dar respuesta a los abusos. "Las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos; ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española". El informe manifiesta su "preocupación por la situación de la planificación urbana en Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria". Se señala además que existen urbanizaciones construidas en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

El texto indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. El informe insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero". Además se exige a las autoridades españolas que desplieguen mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".