La juez intervino 2.780 historias clínicas de pacientes que abortaron en las clínicas de Morín

La juez que instruye la investigación contra la supuesta trama de abortos ilegales en las clínicas del doctor Morín en Barcelona intervino un total de 2.780 historias clínicas de pacientes que se habían sometido en estos centros a interrupciones voluntarias de su embarazo en 2007.

Así consta en las diligencias previas de la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, que hoy ha dictado un auto en el que levanta parcialmente el secreto del sumario de este caso, en el que se mantienen como acusados Morín, su esposa y otros once colaboradores.

La juez de instrucción considera que se ha podido "verificar la veracidad" de los indicios de que en las clínicas del grupo propiedad del doctor Morín, Ginemedex-TCB, se practicaban abortos a mujeres en avanzado estado de gestación sin que se pudieran acoger a los supuestos legales y que no eran sometidas a los precepivos estudios psiquiátricos.

Aborto ilegal, asociación ilícita, falsedad documental e intrusismo

Por ello, mantiene la acusación por aborto ilegal, asociación ilícita, falsedad documental e intrusismo para Carlos Morín, su esposa, María Luisa D.S., su colaboradora, Virtudes S.V., los

psiquiatras Fernando Javier C.V. y Pascual Javier R.M., así como sus colaboradores Marcial R.F., Dimas Arvin C.O., Ramón T.H., Antonio R.R., Pedro Juan L.A., Tomás P.P., Esther S.R. y Agustín

C.F.

Según la juez, en los registros a las clínicas y al domicilio particular de Morín -en Sant Cugat del Vallès (Barcelona)-, se requisaron un total de 2.780 historias clínicas de pacientes que se habían sometido a interrupciones voluntarias de su embarazo en 2007.

A partir de aquí, la Guardia Civil, de acuerdo con la juez, empezó a tomar declaración a las primeras mujeres que se habían sometido a un aborto, que fueron imputadas según Castelló para garantizar sus eventuales derechos de defensa.

Sin examen psicológico

En el auto, la juez subraya que en las declaraciones las mujeres "corroboraron lo que hasta la fecha venían apuntando todos los indicios", en el sentido de que "el aborto les era practicado

sin más requisito que su mera solicitud, sin que ni siquiera fueran sometidas al más somero examen psicológico por parte de ninguno de los dos psiquiatras".

En su declaración ante la juez, las pacientes también manifestaron que creían que habían actuado bajo la legalidad vigente porque habían acudido "a una clínica reconocida oficialmente para la práctica de interrupciones de embarazo".

Levantamiento parcial

Una vez que la Guardia Civil ya ha remitido el último informe a la juez, ésta, ante la "ingente cantidad de historias clínicas pendientes de examinar", ha acordado levantar parcialmente el

secreto sumarial, que dictó "para preservar la identidad e intimidad de las pacientes".

En esta causa la juez decretó inicialmente prisión provisional para Morín y su esposa, así como para su colaboradora María Virtudes S.V. y los dos psiquiatras, Pasqual Javier R.M. y Fernando Javier C.V., si bien únicamente se mantiene en prisión Pasqual Javier porque tiene pendiente el cumplimiento de una condena de cuatro años por amenazar de muerte a su compañera sentimental.