La España enfadada, de vacaciones

El 39,5% de las familias españolas no se puede permitir irse de vacaciones al menos una semana al año. Conviene tener en cuenta este porcentaje un día como hoy, con las carreteras, estaciones y aeropuertos colapsados de viajeros, y después del porrompompón con el que el presidente Rajoy finalizó (provisionalmente) el curso político el pasado viernes.

La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, a la que corresponde el dato citado, es una estadística armonizada con todos los países de la Unión Europea, y también dice otras cosas: que un 38,1% de los hogares de nuestro país no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, o que un 15,3% de las familias manifiesta llegar a fin de mes con “muchas dificultades”. Esta es la otra cara de la prosperidad, tan verdadera como la de que la economía está creciendo a un 3,1% interanual, que han pasado 15 trimestres seguidos desde que se abandonó la recesión, o que el paro —siendo el más alto de Europa exceptuando a Grecia— se ha reducido casi 10 puntos desde sus cotas más altas. El Producto Interior Bruto ha recuperado lo perdido durante la década de crisis, aunque con casi dos millones menos de puestos de trabajo.

¿Por qué los aspectos más positivos de esta realidad no llegan a la mayor parte de la ciudadanía? Según los datos del Centro de Estudios Sociológicos, apenas poco más del 5% considera que la situación económica es buena, siendo una mayoría absoluta, el 58,9%, la que la califica de mala o muy mala (un 35,1% dice que es regular). No es sólo porque el paro siga teniendo dos dígitos y por la extraordinaria devaluación salarial que ha habido durante la crisis (todavía el salario bruto anual de 2016 era menor que el de un año antes).

Quizá se deba a que la española es una “sociedad enfadada”, según la terminología del banco de inversión Credit Suisse (La economía de la ira, David Fernández, Negocios del 16 de julio pasado). Las sociedades enfadadas lo están por un desempleo prolongado o sin perspectivas de un futuro profesional prometedor, con menor capacidad de los gobiernos de proporcionar soporte en forma de subsidios o formación, unidos a otros elementos culturales, identitarios o religiosos que crean un caldo del cultivo para la tensión sociopolítica. O dicho de otro modo: porque se han hecho estructurales las reducciones de costes: los despidos, individuales o colectivos, las rebajas de salarios, la sustitución de mano de obra fija y con experiencia por otra más barata y precarizada, la externalización de servicios, la asunción de más tareas por parte de los mismos empleados, etcétera.

Lo peor es que cunde la sospecha de que ello no es sólo un efecto de la crisis económica sino que también lo será en el crecimiento. La normalidad. O como escribe Esteban Hernández (Quién gana y quién pierde. Sobre las clases sociales, ctxt.es número 127), ganamos menos, pagamos más y tenemos menos seguridad, nuestras opciones vitales se reducen y pensamos que la jubilación, si llega, será muy dura.