Nueva guerra por el fondo agrario

En el prólogo de la negociación del Brexit y el auge del populismo, en Europa asoma una nueva y dura batalla por una nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Este sistema de ayudas al sector, con 60 años de historia, ha sido un pilar del desarrollo de países como España; pero es un hueso cada vez más duro de roer ahora que las finanzas públicas de muchos de los países que aportan más de lo que reciben no nadan precisamente en la abundancia. España quiere mantener a toda costa el sistema de ayudas, mientras potencias como Alemania —siempre críticas con los desembolsos de la PAC— quieren aprovechar la coyuntura para desmantelar en todo o en parte el sistema.

Precisamente mañana, el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas debatirán la propuesta española con vistas a las negociaciones para la reforma de la PAC que empezarán en breve en Bruselas. La nueva normativa entrará en vigor, en principio, en 2020. Para defender la continuidad del sistema, España argumentará que ha sido un eje fundamental en la construcción europea y un instrumento indispensable para atajar los retos a los que debe enfrentarse la agricultura en las próximas décadas en materia de producir alimentos suficientes para más personas con menos recursos (es decir, la seguridad alimentaria), así como la preservación del medio ambiente y el cambio climático, reconociendo la diversidad de la agricultura mediterránea o el mantenimiento del medio rural en proceso de abandono.

Pero si defender el mantenimiento de la PAC será difícil, más complicada aún será la batalla por los fondos que cada país miembro debe aportar o recibir. En la última reforma, la que está en vigor desde 2014 y hasta 2020, la PAC cuenta con 298.000 millones de euros a través del fondo de garantía para pagos directos y otros 95.578 millones de euros para los programas de desarrollo rural. Ambas cifras suponen el 28% del presupuesto comunitario. De este dinero, España recibe 44.000 millones de euros, de los que 35.705 millones corresponden a pagos directos para unos 790.000 perceptores y otros 8.291 millones para apoyar los programas de desarrollo rural. Las subvenciones al sector agrario (compuestas por los recursos que proceden de la aplicación de la PAC) suponen anualmente entre un 25% y un 28% de la renta agraria española. España es el segundo mayor receptor de fondos agrícolas europeos, por detrás de Francia.

Aunque la Administración española irá a Bruselas con el objetivo de defender el mantenimiento de una financiación suficiente para la Política Agraria Común, aumentan los temores a que un ajuste de los fondos será inevitable ante la exigencia de muchos países de que haya más recursos para el empleo, la seguridad o la inmigración, todo ello agravado por la salida de Reino Unido, cuya aportación al presupuesto de la PAC es de unos 3.600 millones de euros.

Una vez resuelto qué recursos habrá (sí los hay), quedará saber cómo distribuirlos entre los agricultores. España aboga mayoritariamente por mantener el sistema de los pagos directos como el mejor instrumento para que los fondos lleguen a los que ejercen la actividad agraria. Madrid considera que se deben mantener los pagos para determinados sectores en función de su producción, como los programas de apoyo para vino, apicultura o frutas y hortalizas. Y, sobre todo, la simplificación real en la aplicación de la PAC para evitar que cada explotación tenga que convertirse en una gestoría.

Tras la finalización el 2 de mayo del plazo abierto por la Comisión Europea para que todos los ciudadanos comunitarios puedan opinar sobre la nueva reforma de la PAC a través de Internet, Bruselas tiene previsto poner en marcha las negociaciones y publicar una propuesta oficial de reforma para el próximo otoño. Dada la coyuntura política de la UE —proceso del Brexit y elecciones clave como las de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia—, es muy probable que la actual reforma siga en vigor uno o dos años más. Entretanto, Bruselas daría luz verde a alguna modificación parcial de la PAC.

Batalla interna

Si España logra en Bruselas mantener en un nivel aceptable los recursos de la PAC, la guerra se trasladará de la capital belga a la española, donde comenzará otro conflicto por el reparto de las ayudas entre las Comunidades Autónomas. En la PAC vigente simplemente se continuó con el modelo de reparto anterior a la última reforma en aras de dar estabilidad a las explotaciones. Pero ahora, y a la vista de que es muy probable que haya menos dinero para repartir, comunidades como Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha buscan un reajuste de la distribución por territorios o sectores más equilibrada.

Estas regiones abogan por un mayor proceso de convergencia de las ayudas sin llegar a establecer una tarifa o ayuda plana igual para todos. Con la figura de los activos como eje, a la hora de la futura distribución de los fondos, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ve inaplazable la eliminación de los pagos por los derechos históricos y la apertura de un debate para aplicar mayores ayudas a las primeras hectáreas de cada explotación, la posibilidad de incorporar incluso nuevos sectores hoy marginados, o el establecimiento de un tope de ayudas por explotación frente a la actual política de modulación del 5% para pagos por encima de los 150.000 euros.