Guía para seguir el juicio de las tarjetas ‘black’: tres defensas distintas

Los expresidentes, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como los exconsejeros y exdirectivos se defienden en el juicio de la Audiencia Nacional que arrancó el 26 de septiembre de la acusación de apropiación indebida de 12,5 millones entre 2003 y 2012. El fiscal ha rebatido sus argumentos. Este lunes declaran más testigos. Hasta ahora estos han sido los principales argumentos de los imputados y el fiscal.

“Las tarjetas estaban controladas por seis departamentos”

Miguel Blesa, presidente entre 1996 y 2010, y Rodrigo Rato (2010 a mayo de 2012), no siguen exactamente la misma línea de defensa, pero tienen similitudes. Blesa aseguró que no recordaba qué se le dijo exactamente cuando se le entregó la tarjeta, en 1994: “Creo que era de libre disposición, pero entendí que era un complemento retributivo”, zanjó. Gastó 436.688 euros. No la cuestionó ni investigó su legalidad al llegar a la presidencia. “Porque me incorporé a una entidad en funcionamiento, bajo el principio de confianza”. Ambos expresidentes han asegurado que no podían imaginar que las tarjetas no fueran legales si existían desde hacía 23 años.

También dijeron que su funcionamiento estaba controlado por hasta seis departamentos, algunos internos, como el área de auditoría, de cumplimiento normativo, la asesoría jurídica, la fiscal, y los externos: el auditor y el Banco de España.

Ambos han asumido que ellos establecieron las cantidades que se gastaban con las tarjetas porque era su competencia como presidentes. Blesa no aclaró por qué disparó los límites máximos de las tarjetas, marcados en 600 euros mensuales por su antecesor, Jaime Terceiro. “Ese límite no se ajusta a la verdad”, afirmó Blesa, y tampoco explicó por qué estableció un PIN para sacar efectivo con ellas. Además, dijo que nunca leyó un correo enviado a él, entre otros, donde estas tarjetas fueron bautizadas como black a efectos fiscales.

Rato, que gastó 99.084 euros, sostuvo: las visas eran “un instrumento de pago totalmente transparente, parte de mi retribución y estaban reflejadas en mi contrato”. Y argumentó que creía que estaban sujetas a inspección tributaria, aunque no fue así. El que fuera número dos de Rato, Francisco Verdú, explicó que advirtió a su superior de las consecuencias que podía acarrear el uso de la tarjeta para uso personal, ya que ésta no formaba parte de su retribución al no estar en su contrato, y que éste “se enfadó bastante” cuando Verdú la rechazó.

El fiscal Alejandro Luzón les acusa de entregar las visas, “consagrando un sistema retributivo sin amparo legal ni contractual”. Afirma que “las tarjetas se emitieron al margen del circuito ordinario”, y sostiene que la caja no hizo retenciones fiscales a los usuarios “para ocultar su verdadera naturaleza”.

“Nos dijeron que era una retribución por nuestro trabajo”

La mayoría de los consejeros de Caja Madrid y Bankia explicaron que el dinero de las tarjetas tenía dos finalidades: pagar los gastos de representación relacionados con la caja y una retribución para compensarles por su dedicación a la entidad. Es decir, que lo podían gastar en asuntos personales.

Sin embargo, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, insistió a todos ellos que si era una retribución personal, cómo era posible que no hubiera un control informático de los gastos, ya que la mayoría dijeron que no recibían los extractos de la tarjeta. “Llevábamos la contabilidad a boli”, apuntó un consejero. Incluso alguno, como Ramón Espinar (PSOE), admitió que dejó de gastar 4.000 euros “por miedo a pasarme del límite marcado”, algo que también extrañó a Luzón.

El fiscal insistió en esta falta de control “sobre un dinero que era suyo”, y preguntó por qué durante tantos años nadie corrigió un sistema que impedía tanto a la caja como al consejero reconocer si el gasto lo hacía otra persona, ya que ninguna de las dos partes podía comprobarlo. Nadie dio una respuesta coherente. “Sería mala suerte”, respondió Estanislao Rodríguez-Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda.

Buena parte de los consejeros declaró que estuvieron años guardando recibos por si se “los pedía la caja”, a lo que el fiscal replicó que cómo se los iban a exigir si eran gastos de libre disposición. No hubo una respuesta clara.

Esta opacidad sobre los extractos sirvió al fiscal para rebatir a los acusados cuando todos ellos sostuvieron que los cargos que les ha atribuido Bankia no eran correctos. “¿Cómo pueden negar los cargos si no tienen extractos ni registro informático?”, preguntó Luzón.

La declaración clave para los exconsejeros fue la del exsecretario de Caja Madrid de 1996 a 2009, Enrique de la Torre: “Las dietas de 1.300 euros por asistencia compensaban los gastos, las funciones consultivas y las responsabilidades del cargo. Era la única retribución. Las tarjetas no eran para gastos personales”. No obstante, De la Torre sí admitió que tenía una tarjeta como ejecutivo “que era legal”. Entre los consejeros existe el convencimiento de que De la Torre tiene un acuerdo con el fiscal para inculparlos y aliviar su situación.

“Era una parte del salario”, pero libre de impuestos

Los consejeros de Caja Madrid y Bankia han mantenido una versión casi idéntica: la tarjeta era una parte de su retribución, y así se lo explicaron los responsables de la entidad al ser contratados.

Las diferencias entre los gastos de unos y de otros se deben, según ellos, a las asignaciones y valoraciones que hacía el presidente, Miguel Blesa. A diferencia de los consejeros, todos tenían control informático sobre sus gastos y podían sacar efectivo de los cajeros con cargo a la tarjeta. También coincidieron en que no se les pedía justificantes de su tarjeta “retributiva”, algo que sí ocurría con la destinada a los gastos de representación.

Mariano Pérez Claver, el exdirectivo de Caja Madrid y expresidente de SOS Cuétara y de NH Hoteles, tuvo la declaración más original. El exempleado de Indubán, un banco filial del BBV, afirmó que esta tarjeta existe en otras entidades. A preguntas de los abogados defensores, no especificó en qué entidad dispuso de la tarjeta. “Lo sabe todo el mundo, pero no le voy a decir en dónde. Es ridículo todo esto. ¿Alguien tiene dudas de que existió en otras entidades? Esta tarjeta era parte de mi retribución y nadie la puede poner en duda”.

Pérez Claver aseguró que había declarado todo lo gastado a Hacienda. Sin embargo, la mayoría de los directivos lo negaron, un tema sobre el que insistió el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Preguntó a Matías Amat, el tercer ejecutivo más importante de Caja Madrid, si no le extrañó que en los certificados que le entregó la caja faltaran los 430.000 euros que se gastó con la black. Su respuesta fue que era el 2% de su salario y no se dio cuenta. Al igual que el resto, afirmó que estaba convencido de que el certificado de haberes de la entidad era correcto y no lo comprobó.

Todos mostraron su indignación ante el listado de gastos que ofreció Bankia por vulnerar su intimidad y por estar lleno de errores. El director de auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, fue contundente en sus seis horas y media de declaración: “Todos los gastos son reales. No ha habido intervención humana. Todas las visas se emitieron al margen del procedimiento legal”. El fiscal sostiene que “les fueron entregadas como complemento retributivo no contemplado en sus contratos” y por el que no pagaron impuestos.

Quién es quién entre los 65 sospechosos de las 'black'

En la tabla que verá a continuación aparecen los 65 sospechoso de apropiación indebida por las tarjetas opacas que están participando en el juicio de la Audiencia Nacional. ¿Qué cargo ocupaban en Caja Madrid y Bankia? ¿Cuánto gastaron? ¿Han devuelto el dinero?