España anuncia más ajustes pero prevé crear 400.000 empleos en 2017

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Bruselas conoce ya las grandes cifras españolas del próximo año. El Gobierno en funciones ha enviado este sábado a la Comisión Europea los presupuestos de 2017, sin apenas cambios respecto a los de 2016. La recuperación sigue firme, aunque se modera. España crecerá el 2,3% y el paro bajará al 17,8%. El Gobierno prevé crear casi 400.000 empleos en 2017, a un ritmo inferior al de 2016. Las dudas vienen por donde solían: el déficit se irá al 3,6% del PIB, medio punto por encima del objetivo. Madrid avisa de que el próximo Ejecutivo deberá acometer ajustes, que considera “completamente necesarios” y ascenderán a 5.500 millones. El Ejecutivo anuncia que exigirá rigor a las autonomías para cuadrar unas cuentas públicas optimistas por el lado de los ingresos.

El Gobierno en funciones ha remitido los Presupuestos prorrogados a Bruselas. Se trata de unas cuentas cojas: Hacienda advierte que un Ejecutivo en funciones no puede hacer los ajustes pactados con Bruselas, y avisa de que el próximo inquilino de La Moncloa “deberá complementar necesariamente” el proyecto con “nuevas medidas”. La economía española crecerá el 2,3% el año próximo, casi un punto menos que en 2016. Y creará en torno a medio millón de empleos, aunque a un ritmo algo menor que este año. La tasa de paro seguirá rozando el 18%: la peor marca del Atlántico Norte. Y lo más preocupante: pese a la recuperación del PIB y el empleo, España seguirá arrastrando los pies por el flanco del agujero fiscal. Cerrará 2017 con el mayor déficit de la Eurozona, solo por detrás de la varias veces rescatada Grecia, y lejos de cumplir las promesas a los socios europeos.

Los Presupuestos son siempre un ejercicio de equilibrismo basado en previsiones más o menos creíbles, pero de las cuentas públicas de 2017 se extrae una sola certeza: España se recupera, aunque se verá exigida a acometer la enésima ronda de recortes en esta crisis.

Madrid prevé rebajar el déficit al 3,6% del PIB, lejos del objetivo del 3,1%. En plata: el nuevo Gobierno se verá obligado a aprobar incrementos de impuestos o recortes de gastos por importe de unos 5.500 millones de euros, más de cuatro veces el presupuesto de dependencia. Bruselas obliga a hacer un ajuste adicional en 2018 de 5.500 millones más: 11.000 millones en total. El proyecto presupuestario no da una sola pista acerca de por dónde van los tiros. Pero toca revertir las rebajas fiscales electoralistas y a destiempo de Mariano Rajoy: los ingresos procedentes del impuesto de sociedades, el IRPF y las cotizaciones sociales van por debajo de las previsiones este año. Y el proyecto de Presupuestos prevé nuevas caídas de las cotizaciones fiscales en porcentaje de PIB, a pesar de que el empleo crece a tasas cercanas al 3%.

El Gobierno ha dado un primer apretón con el endurecimiento del impuesto de sociedades, que aportará 8.300 millones de euros este año y que sigue vigente en 2017, aunque Hacienda no cuantifica el efecto de esa medida en las cuentas del año que viene. El Presupuesto deja claro, además, que el Ejecutivo apretará las tuercas por donde solía: con los acuerdos de no disponibilidad y, sobre todo, con un mayor control sobre el gasto de las comunidades autónomas. Exigirá “condicionalidad fiscal y nuevas reformas” a las autonomías como condiciones para acceder al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La ausencia de Gobierno en Madrid ha complicado a las comunidades autónomas la elaboración de sus presupuestos: hace sólo una semana, Hacienda les envió una carta para informar de las directrices básicas con las que arrancar el diseño de los presupuestos para el 2017. Se congela la cifra de pago a cuenta del sistema de financiación en el 2017, mientras que se eleva la estimación de liquidación definitiva del año 2015.

Además, propone la no bonificación automática del impuesto sobre el patrimonio, con impacto a partir de 2017 en términos de contabilidad nacional por un importe de 1.300 millones de euros. Esta medida se debe a que la recaudación por esta figura se habilita año a año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que cancela la bonificación del 100% introducida en 2011. Al no haber presupuestos esta cancelación desaparecería, si bien se han puesto los mecanismos legales para que no sea así.

Las autonomías, en fin, tendrán menos apreturas. Pero a cambio, Hacienda sugiere que exigirá más rigor en el cumplimiento de los objetivos. En las previsiones realizadas en torno al déficit, se estipula que el déficit de las autonomías en 2017 caerá al 0,5% y seguirá descendiendo hasta el 0,3% en 2018.

“En 2016 y 2017 se estima una creación neta acumulada de 900.000 empleos y una reducción del paro de un millón de personas”, apunta el proyecto de Presupuestos. Eso dejará la tasa de paro en el 17,8% de la población activa. La Moncloa estima que el empleo crecerá el 2,7% este año, y apunta que el avance se moderará al 2,3% el año próximo. La mala noticia es que esa mejoría no se deja notar en las cotizaciones sociales, a la vista de la precariedad en los contratos. Los ingresos por cotizaciones bajarán ligeramente el año próximo, al 12,1% del PIB (en torno a 130.000 millones de euros), y no consiguen recuperarse a pesar de los pesares: pese a la mejoría del empleo y pese a la velocidad de crucero en términos de crecimiento económico. Las dudas sobre las cuentas de la Seguridad Social aumentan en Bruselas a la vista de esos datos.

“Las previsiones son ligeramente optimistas, básicamente por la recaudación del impuesto de sociedades”, ha explicado en un análisis a vuelapluma Francisco de la Torre, de Ciudadanos. Tanto ese como otros partidos insisten en que ese es el gran agujero de las cuentas públicas españolas: la media de ingresos sobre PIB del impuesto de sociedades en la OCDE es del 2,8%: eso supondría unos 30.000 millones en España. Tras el último endurecimiento, la recaudación de Sociedades estará en torno a 20.000 millones.

España tiene un serio problema por el lado de los ingresos: la presión fiscal (el peso de la recaudación sobre el PIB) bajará en 2017 y se situará en el 37,7%, muy lejos de la media europea. El gasto público no es el problema: pese a que es inferior a la media de la UE, sigue bajando, hasta el 41,3% del PIB. Y el año próximo cae ligeramente tanto el gasto en educación (en relación al PIB) como los capítulos de sanidad y empleo. Cosas de la crisis y el Estado del bienestar menguante.