Consecuencias económicas del 'Brexit'

El Gobierno británico hizo unas estimaciones antes del referendo sobre una posible salida de Reino Unido de la Unión Europea que, a corto plazo, supondría una contracción del PIB británico de entre el 3,6% y el 6%. El 11 de julio, el comisario europeo Pierre Moscovici hizo una estimación del impacto de la salida de Reino Unido que suponía una contracción del PIB del conjunto de la UE de entre un 0,2% y 0,5%.

Uno de sus efectos más negativos para Reino Unido sería perder la gran atracción que tiene Londres como principal centro financiero de la UE. En este sentido, Dirk Schoenmaker muestra que perdería su acceso al mercado interno de la UE, es decir, al Área Económica Europea ya que, antes, Reino Unido podía utilizar su licencia o pasaporte en toda el AEE, ya que el mercado interno está estructurado mediante un entramado de directivas y de regulaciones que solo permiten operar en todo su territorio si se tiene una licencia para hacerlo. Las más importantes son la Directiva de Requerimientos de Capital (CRD IV) para los bancos; la Directiva de Mercados en Instrumentos Financieros (MiFID) para los mercados financieros; la Directiva de los Gestores de Fondos Alternativos (AIFMD) para los fondos de cobertura y de capital privado y la Directiva Solvencia II, para los seguros y los reaseguros.

Los bancos necesitan una licencia que especifique los requisitos para poder realizar su actividad, tener libertad de establecimiento para poder proveer servicios bancarios y financieros y una supervisión bancaria prudencial, que suele ceder la mayor parte de los poderes al supervisor nacional de origen, dejando algunos poderes, más limitados, al supervisor de destino, especialmente en cuanto a liquidez.

Al salir Reino Unido de la UE, los bancos británicos, sean los ya establecidos en el país o en otros países miembros, tendrían que obtener otra licencia añadida, del supervisor nacional de cada estado miembro del AEE, para poder ofrecer sus servicios bancarios y financieros, en cada uno de los países. Además, necesitarían otra licencia más para poder ofrecer servicios financieros a través de las fronteras y, lógicamente, lo mismo le ocurriría a los bancos de la AEE para ofrecer sus servicios en Reino Unido.

Dichos bancos podrían optar por un “pasaporte” para todos los estados miembros de la UE, ya que suelen utilizar una sucursal para establecerse, pero las compañías de seguros necesitarían una nueva licencia en cada país, al necesitar, además, una subsidiaria, al tener que contener el riesgo de seguro en una entidad legal separada.

Parece que, antes del referéndum, nadie se leyó la prolija documentación que avisaba de los problemas que traería una salida de la Unión Europea

Zsolt Darvas muestra como pueden acceder al Mercado Único aquellos estados que no son miembros de la UE.

Existen hoy cuatro países europeos que no son EM de la UE: Islandia, Liechtenstein y Noruega, que son miembros de la AEE, y Suiza, que no lo es, pero que lo consigue negociando acuerdos bilaterales, que le permiten tener bastante acceso al mercado único. Este sistema podría dar una idea de las opciones que ahora tendría Reino Unido, una vez que solicite la aplicación del artículo 50 de los Tratados.

La pertenencia al AEE, conlleva aceptar tres requisitos: una contribución financiera neta a la UE, para conseguir una mayor cohesión económica y financiera, una aceptación neta de inmigrantes de la UE y adoptar la ley de la UE.

La contribución financiera a la UE está estipulada en cada acuerdo con los EM del AEE. En el período 2014-2015 Noruega aportó el 0,16% de su PIB, Liechtenstein el 0,03% y Suiza el 0,02%. Hoy el Reino Unido ya aporta anualmente, como miembro del AEE, el 0,25% de su PIB, es decir, 79 euros por habitante o 5.142 millones de euros. Noruega aportó 778,4 millones, Suiza 322,4 millones, Islandia 17,3 millones y Liechtenstein 4,5 millones.

En el período 2013-2014, el flujo neto de inmigrantes de la UE, por parte de Suiza, Noruega e Islandia, como porcentaje de su propia población, fue dos veces mayor que la de Reino Unido, siendo miembro de la UE. Finalmente, deben de aceptar buena parte de las regulaciones comunitarias, a pesar de no ser estados miembros.

Ninguno de estos requisitos, ni otras consecuencias negativas, eran conocidos por los que apoyaron el Brexit en el referendo, lo que sería un claro engaño a los ciudadanos ya que, además, antes de la votación Reino Unido ya era el miembro de la UE que menos soberanía compartía del resto de sus miembros.

La OCDE ya publicó, tres meses antes del referendo, un Informe de Política Económica (el número 16) titulado Las consecuencias económicas del Brexit: una decisión impositiva, que tampoco parece haber sido leído por los ciudadanos antes del referendo, mostrando que:

Primero. Desde que Reino Unido entró en la UE, en 1973, hasta hoy, el PIB por habitante se ha duplicado, superando el de otros países de habla inglesa no miembros de la UE. Tras el referendo, su salida tendrá el efecto de un elevado impuesto sobre el país y sobre su actividad económica, con consecuencias negativas para el resto de la Unión y países terceros.

Segundo. Las salidas de capitales o reducción de entradas podrían amenazar la financiación de su déficit por cuenta corriente que ha alcanzado el 7% de su PIB.

Tercero. Al salirse perdería su libre acceso al MU y a su acceso preferencial a otros 53 mercados no miembros de la UE.

Cuarto. Pasaría a ser, exclusivamente, miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de sus reglas, teniendo que pagar aranceles elevados y otras barreras para poder acceder al mercado único, especialmente en los servicios financieros, además de tener que negociar sus relaciones comerciales con sus otros 162 miembros, lo que llevaría mucho tiempo.

Quinto. La inmigración ha representado la mitad del crecimiento británico desde 2005, con la creación de dos millones de empleos y reducir la libertad de movimiento de trabajadores en Reino Unido será muy caro para su economía.

Sexto. La salida de la UE generaría un choque financiero a su economía, produciendo una fuerte depreciación de la libra frente a las principales monedas.

Séptimo. En 2020, estos efectos reducirían en tres puntos porcentuales el PIB de Reino Unido con un coste equivalente de 2.200 libras por familia, reduciendo el PIB de la Unión en un punto porcentual.

Octavo. En 2030, el PIB británico sería un 5% menor y su riqueza neta un 4% menor que permaneciendo en la Unión.

Oxford Economics muestra que la recesión que va a provocar su salida de la UE tendrá un tamaño de dos tercios de la que ya provocó la crisis financiera global y que las exportaciones británicas a la UE representan el 13% de su PIB y son bastante superiores a sus importaciones; luego sale como perdedor neto al salirse.

S. Dhinga, G. Ottaviano, T. Sampson y J. Van Reenen del CEP de la LSE estiman, en un análisis estático, que Brexit reducirá el comercio con la UE al aumentarse sus aranceles y barreras. En un escenario optimista, en el que finalmente obtendría acceso al Mercado Único, la renta media de las familias británicas descendería un 1,3% (800 libras por familia) y en un escenario pesimista con fuerte aumento de costes de las barreras, la pérdida de renta sería del 2,6% (1.700 libras por familia). La caída del PIB oscilaría, en ambos casos, entre 26.000 millones y 55.000 millones de libras, es decir, mas de dos veces que en el resto de la UE. En total, una pérdida de entre el 6,3% y el 9,5%, es decir, de entre 4.200 y 6.400 libras por familia.

Finalmente, Ben S. Bernanke de Brookings estima que ya se ha creado antes del referendo una incertidumbre de tal calibre que tendrá efectos muy negativos sobre la creación de empresas, la inversión, el empleo y el PIB, dicha incertidumbre seguirá en ascenso, aunque la fuerte caída de la libra aumentará las ventas al exterior. A largo plazo, el choque se transmitirá a través de los mercados financieros al vender los inversores todos sus activos de riesgo y colocarlos en valores seguros como el dólar y la deuda soberana de EEUU, Alemania y Japón.

Guillermo de la Dehesa es Presidente de Honor del CEPR Centre for Economic Policy Research de Londres.