El fiscal ve delito en la indemnización de la cúpula de Abengoa

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este miércoles que se admita a trámite una de las dos querellas por administración desleal contra el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el ex consejero delegado de la compañía de energías renovables, Manuel Sánchez Ortega, a quien también se acusa de uso de información privilegiada. La compañía energética andaluza, con casi 9.000 millones de euros de deuda bruta acumulada, está en preconcurso de acreedores y negocia con la banca una inyección de liquidez urgente para evitar la quiebra.

El ministerio público ve indicios de delito en la actuación de Benjumea y Sánchez Ortega, a quienes dos bonistas acusaron de “buscar su lucro personal” en lugar de “salvar a los inversores” con las indemnizaciones millonarias que se fijaron antes de que la multinacional energética con sede en Sevilla solicitara el concurso de acreedores. En la querella, los inversores perjudicados sostienen que antes de que Abengoa hiciera públicas sus dificultades financieras, Benjumea se adjudicó una indemnización de 11,48 millones de euros, que los bonistas tachaban de “exorbitante”.

En cuanto al ex consejero delegado Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió una “contraprestación contractual” de 4,48 millones de euros más un bonus variable de 3,3 millones. Tras salir de la energética, Sánchez Ortega fichó por el fondo de inversión Blackrock, que pocas semanas después de contratarle empezó a adoptar posiciones bajistas en Abengoa. Según los querellantes, el exdirectivo pudo beneficiarse de su conocimiento de la situación real de su antigua empresa para adquirir acciones a la baja. De aquí se deriva la acusación de uso de información privilegiada contra él.

La fiscalía pide que se admita a trámite la querella al entender que Benjumea y Sánchez Ortega supuestamente “antepusieron sus intereses patrimoniales a los de la sociedad” pesa a la “confianza que en ellos tenían depositada en ellos los propietarios” de la compañía sevillana.

Pérdidas para los accionistas y el Estado

En su escrito, los querellantes recordaban que la empresa podría tener una deuda de 25.000 millones de euros en total, y que sus acciones A y B, que llegaron a cotizar a 3,570 y 3,299 euros, se desplomaron el 27 de noviembre a 0,440 y 0,292 euros respectivamente.

Con información publicada en diferentes medios de comunicación, los querellantes sostienen que con la quiebra de Abengoa el Estado podría perder 800 millones de euros. Esta cifra sale de sumar el “riesgo directo” para las arcas públicas de 415 millones admitido por el ministro de Economía, Luis de Guindos más la exposición de 582 millones de euros de Bankia, de la que el Estado sigue teniendo el 64% del capital.

La Fiscalía, por otra parte, rechaza que se admita otra segunda querella, que ya fue sobreseída por el juez, sobre una discrepancia en la contabilidad de las pérdidas de una de las filiales de Abengoa, que produjo una quebranto de 299.911 euros a varios accionistas y bonistas de la empresa.