Catalunya Banc cree que el Estado pagará la mitad de sus créditos fiscales

Cuando el Gobierno decidió avalar buena parte de los activos fiscales diferidos de la banca (esto es, impuestos a ahorrarse en el futuro en virtud de pérdidas pasadas) aseguró que la medida apenas tendría impacto sobre las cuentas públicas. Sin embargo, ya hay una entidad que apunta a que usará esa especie de aval o garantía para recuperar unos activos fiscales que de otra forma perdería. Se trata de Catalunya Banc, la entidad rescatada por el Estado. En sus cuentas anuales, la entidad admite expresamente que de los 3.534 millones registrados en su balance por ese concepto, solo 1.785 millones lo están porque espera obtener beneficios futuros para ahorrarse impuestos. El resto figura “únicamente en virtud de su condición de monetizables según el Real Decreto Ley 14/2013”.

Ese real decreto estableció que ciertos activos fiscales diferidos (procedentes de dotaciones por insolvencias de los deudores y para pensiones y prejubilaciones) se convertirían en un crédito exigible frente a Hacienda en determinados supuestos. Pasaban a ser activos fiscales “monetizables”, según la terminología que han usado las entidades.

Catalunya Banc, que ya ha recibido más de 12.000 millones en ayudas públicas, cifra en sus cuentas anuales en 3.481 millones de euros esos activos financieros monetizables o garantizados por el Estado. ¿Cuánto de esa cifra la asumirá Hacienda y cuánto la entidad por su generación de beneficios? Para calcularlo, Catalunya Banc asume como “escenario más probable el de su venta a un grupo financiero de reconocida solvencia”. Eso permitiría “la viabilidad en un plazo indefinido, integrada como filial” de otro grupo, lo que le daría un plazo de hasta 18 años para recuperar los activos fiscales y además abriría “oportunidades de planificación fiscal”. Con todo ello, los beneficios a obtener, dice la entidad, permitirían recuperar dentro del plazo créditos fiscales por esos 1.785 millones, mientras que el resto están registrados “únicamente” por ser monetizables, esto es, por estar garantizados por el Estado.

Fuentes de la entidad dicen que la factura final puede ser menor

El desenlace final está sujeto a múltiples factores y la factura que tenga que asumir el Estado por esos créditos fiscales dependerá de los beneficios que realmente sea capaz de compensar la entidad en los próximos 18 años. De hecho, pese a lo que dice la memoria elaborada por la propia Catalunya Banc, fuentes de la entidad señalan que la integración en un grupo solvente puede provocar, en función del comprador, una mayor captación de clientes, más comisiones, menos gastos y otras mejoras de modo que al final sea mayor la parte que se compense vía beneficios.

La morosidad hipotecaria sube al 17%

El decreto del Gobierno salvó a la entidad de sufrir fuertes pérdidas. Catalunya Banc tuvo un resultado de explotación negativo de 1.355 millones y unas pérdidas antes de impuestos de 1.465 millones, pero al apuntarse impuestos en positivo por 2.023 millones acabó registrando un beneficio neto de 532 millones. El decreto también salva su solvencia, calculada con los nuevos criterios que exigirán restar del capital los activos fiscales diferidos no garantizados. La cifra que garantiza el Estado, esos 3.481 millones, supera al total de los fondos propios del grupo (2.670 millones).

Las cuentas del grupo muestran también que la morosidad de su cartera de hipotecas subió del 12,5% al 17% en 2013. En las hipotecas de más riesgo, las que superan el 100% del valor de la vivienda, la morosidad se disparó del 59,6% al 77%: 784 millones sobre un total de 1.022 millones.