La Audiencia condena a Díaz Ferrán a dos años y dos meses por fraude fiscal

Gerardo Díaz Ferrán, de 71 años y anterior presidente de los empresarios españoles, siempre expresó en público y en privado su oposición “a cualquier subida de impuestos”, y aunque de puertas afuera decía apoyar las medidas antifraude del Gobierno, siempre insistía en la conveniencia de acometer bajadas impositivas. Este martes, el expresidente de Viajes Marsans y antiguo patrón de patrones, recibió en la prisión de Soto del Real su primera sentencia de cárcel por defraudar 99,04 millones de euros del impuesto de sociedades de 2001 derivado de la compra de Aerolíneas Argentinas. La Audiencia Nacional lo condenó este martes, junto al ex consejero delegado de Air Comet Antonio Mata, a una pena de dos años y dos meses de prisión por delito contra la Hacienda Pública.

El juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, impuso también a Díaz Ferrán y Mata una multa equivalente a la cantidad defraudada. El expresidente de la CEOE difícilmente podrá hacer frente a esta sanción económica: se ha declarado totalmente arruinado, hasta el punto que ha pedido ser asistido por un abogado de oficio en alguno de los múltiples procesos que siguen abiertos contra él. En el procedimiento también estaba imputado el socio de Díaz Ferrán en Marsans, Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012.

La sentencia conocida este martes recuerda que en el año 2001, Marsans y Air Comet compraron al ente público Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) todas las acciones de Interinvest, la sociedad tenedora de las acciones de Aerolíneas Argentinas. La sociedad pública era dueña del paquete accionarial después de que Iberia se viera obligada a desinvertir en Sudamérica en 1995 por imposición de la Unión Europea. En 2001, Aerolíneas, la compañía aérea de bandera argentina se encontraba ya en situación de práctica quiebra, de modo que la SEPI, vendedora de las acciones, se comprometía a asumir las deudas de la empresa aérea hasta un máximo de 300 millones de dólares americanos.

Sin embargo, el dinero no fue utilizado para saldar las deudas, sino que con esos fondos Air Comet adquirió para sí los créditos que pesaban sobre Interinvest (Aerolíneas), por un total de 272,8 millones de dólares. Esta distinción tiene implicaciones contables y fiscales, ya que la empresa dirigida por Antonio Mata “adquiría un beneficio que resultaba de haber adquirido tales créditos con fondos procedentes de SEPI a título gratuito”. Como consecuencia de la compra “con carácter lucrativo” de los créditos, Air Comet debería haber ingresado por el impuesto de sociedades una cuota de 99,04 millones de euros, que nunca llegaron a las arcas públicas.

“No es de recibo que Air Comet pretenda estar exenta del pago de impuestos por no obtener beneficio alguno, cuando el beneficio final, con los fondos de la SEPI, lo obtiene Interinvest que no paga impuestos en España”, al tener su domicilio en Argentina, escribe Vázquez Honrubia en su sentencia.

El magistrado precisa que Air Comet, “se quiere presentar como un mero mandatario, poco más que recadero” para no tributar por los fondos. “La realidad fue que los millones de dólares aportados por la SEPI para cancelar pasivos de Interinvest fueron utilizados por Air Comet para la compra de esos pasivos, quedando subrogada en la posición de acreedor frente a Aerolíneas, interviniendo en el concurso de acreedores de dicha sociedad”, dice el juez.

Además, tras la resolución del concurso de acreedores de Aerolíneas, los créditos comprados por Air Comet sufrieron en el ejercicio de 2002 una quita del 60%. La empresa de Mata y Díaz Ferrán sufrió como consecuencia una minusvaloración de sus activos que se tradujo en una base imponible negativa de 175 millones de euros y una cuota a devolver en el impuesto de sociedades correspondiente a 2002 de 40.444 euros.

Además de la pena de prisión y la multa, la sentencia, que no es firme, condena a ambos a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social durante cuatro años y seis meses, así como a inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Se trata de la primera condena que sufre el expresidente de los empresarios españoles en el ámbito penal. El pasado junio, un juzgado de lo mercantil de Madrid condenó a Díaz Ferrán y a los herederos de su socio Gonzalo Pascual a cubrir en su integridad el agujero patrimonial de Viajes Marsans, que ascendía a 552 millones de euros. Un año antes, Díaz Ferrán ya fue inhabilitado para administrar bienes propios y ajenos por la justicia al ser condenado por la quiebra de Seguros Mercurio.