La recuperación de los ricos

Los bienes y servicios totales (PIB) que producía España en 2007 se valoraban en alrededor de 1,054 billones de euros; el PIB del año 2012 era de 1,030 billones. En el primer lustro de la crisis económica, el PIB de nuestro país tan sólo se había reducido en alrededor de 24.000 millones de euros, un poco menos, por ejemplo, de la tercera parte de las ayudas públicas recibidas por la banca (61.000 millones). Si el PIB ha caído tan levemente, ¿por qué tanta devastación en materia de desempleo (una tasa propia de depresión, no de recesión), reducción de la renta disponible de las clases medias, cierre de negocios, limitación del Estado de Bienestar y, ahora, pensiones?

La cuestión es significativa por cuanto el FMI acaba de pronosticar un estancamiento de nuestro país casi para el resto de la década. Si acierta, ya no habrá recesión (crecimiento negativo) sino crecimiento cercano a cero o muy por debajo del potencial del país. Aunque casi nunca hay escenarios monocausales, la primera explicación sobre el contraste entre una caída tan leve entre la cifra absoluta del PIB y unas consecuencias tan profundas para tantos ciudadanos es la intensa desigualdad que sufre nuestro país desde hace al menos década y media, y que se ha acentuado mucho durante la crisis económica.

Habiendo ya abundancia de estudios sobre la relación entre crecimiento y distribución de la renta, que superan la "curva de Kuznets" de los años cincuenta del siglo pasado en el sentido de una relación directa entre la eficacia de la economía de un país y una mayor igualdad, es significativo que el único gran partido político nacional que no ha incorporado la medición de la desigualdad a sus reflexiones y análisis sea el PP: el que administra la política económica. El índice de Gini no sólo no pertenece a las preocupaciones del PP sino que en las pocas declaraciones que Rajoy y los ministros hacen sobre el asunto subrayan que el coste de sus medidas de ajuste ha sido proporcionado y en relación a los posibles de cada clase social. Los datos empíricos muestran lo contrario: según Eurostat, España es el país más desigual de Europa, con unos compañeros de viaje como Portugal, Bulgaria y Letonia, y por encima de Grecia.

Ahora que llega la alegre recuperación faldicorta y los representantes de la cúspide social entienden que “a España le está llegando dinero para todo” es oportuno medir lo que la crisis ha significado en términos de distribución, y qué parte de esa burbuja de la desigualdad tiene que ver con la gestión de las dificultades económicas en forma de rígidas políticas de austeridad.

Además de una España más empobrecida, emerge un país mucho más desigual. Los últimos días han sido pródigos en noticias sobre los dos extremos de la trama social: mientras el tradicional informe anual sobre la riqueza mundial del Crédit Suisse describe que el número de millonarios (fortunas superiores al millón de dólares) aumentó en España un 13% entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013, el observatorio de la realidad social de Cáritas informa que la pobreza severa (vivir con menos de 307 euros al mes) se ha duplicado durante la crisis y afecta ya a más de tres millones de ciudadanos, mientras la renta por persona ha caído cerca de un 11% (periodo 2006-2011).

La desigualdad en España se ha intensificado con la crisis, pero ya había aumentado en el periodo inmediatamente anterior, desde el año 1995: final de los gobiernos socialistas de Felipe González, las dos legislaturas de Aznar y los primeros años de Rodríguez Zapatero. La prolongada etapa de crecimiento (un ciclo largo de más de una década) no compensó los aumentos de pobreza y de desigualdad ya que una gran parte de los puestos de trabajo creados fueron de bajos salarios y en buena medida temporales, a lo que se unió una pérdida de la capacidad distributiva de la imposición sobre la renta, etcétera.

La cuestión es si después de una crisis tan larga y desigual va a seguir una recuperación tan dual que va a aumentar todavía más los socavones producidos desde 2007. Dependerá de las políticas que se apliquen.