España moviliza a sus socios y aliados para frenar la expropiación de YPF

El Gobierno español elevó este viernes el tono de su enfrentamiento con el Ejecutivo de Cristina Fernández ante la amenaza de una inminente expropiación de la participación de Repsol en la petrolera argentina YPF. Si el jueves el ministro de Industria, José Manuel Soria, declaró que los “gestos de hostilidad [hacia la compañía española], traerán consecuencias”, el viernes su colega de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue más lejos. “Cualquier agresión, violando el principio de seguridad jurídica, a Repsol será considerado una agresión por parte del Gobierno español, que tomará las acciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados”, dijo el ministro, tras reunirse con el embajador argentino en España, Carlo Antonio Bettini, a quien convocó a la sede de su ministerio para trasladarle la preocupación de las autoridades españolas y pedirle aclaraciones sobre los planes de su país respecto a la petrolera española.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría contribuyó a escenificar la gravedad de la crisis al advertir, con tono solemne, que “la obligación del Gobierno es defender, con todos los instrumentos a su alcance, los intereses generales de España”.

Ni Margallo ni Saénz de Santamaría quisieron detallar las posibles represalias

Ni Margallo ni Saénz de Santamaría quisieron detallar las posibles represalias. El primero argumentó que aún hay margen para una salida negociada y la segunda porque, según sus palabras, “las medidas no se anuncian, se adoptan. Y espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas, pero si tiene que adoptarlas, lo hará”, apostilló.

De momento, el Gobierno ha iniciado una ofensiva diplomática para ganarse el apoyo de sus socios y aliados. Margallo reveló que su departamento ya ha informado sobre este contencioso a Estados Unidos —segundo inversor extranjero en Argentina tras España—, a través de su embajador en Madrid, Alan Solomont, y del Departamento de Estado; a México, que ejerce la presidencia de turno del G-20; y a Colombia, anfitrión de la Cumbre de las Américas, que se inicia este viernes en Cartagena de Indias, para que se aborde en la misma.

También se ha dirigido a la Comisión Europea, que se alineó con la posición española. “Esperamos que Argentina respete sus acuerdos internacionales en la protección de la inversión, estamos del lado de España en este asunto”, manifestó un portavoz de la Comisión, quien confirmó que su presidente, José Manuel Durao Barroso, ha trasladado a la presidenta Fernández de Kirchner su preocupación por este asunto, a través de la representación de la UE en Buenos Aires, informa desde Bruselas Lucía Abellán.

El peor daño no es el que España puede hacer a Argentina, sino que el que Argentina se hace a sí misma con esta decisión

La denuncia ante los foros internacionales de la falta de respeto a las reglas del Estado de Derecho por parte de la Administración de Fernández de Kirchner constituye, según fuentes diplomáticas, el instrumento de presión más eficaz; de ahí que las primeras gestiones se hayan dirigido hacia EE UU y el G-20, del que Argentina forma parte. En palabras del secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, Buenos Aires puede convertirse en un “apestado internacional”, ya que “romper las reglas de juego tiene un coste”.

“Una cosa es defender un sector estratégico como los hidrocarburos, incluso llegando a la nacionalización, y otra actuar contra los intereses de una empresa”, advierte un ex diplomático con largos años en Argentina.

Por lo que se conoce, el propósito de las autoridades argentinas es hacerse con la mayoría de YPF expropiando las acciones en manos de la familia argentina Eskenazi y un 27% de las de Repsol, cuya participación quedaría limitada al 30%. No se tocaría, sin embargo, el 17% en manos de fondos de inversión estadounidenses ni tampoco a las otras petroleras, pese a que adolecen de las mismas deficiencias que Buenos Aires achaca a YPF.

Medidas de retorsión

Argentina necesita invertir en los próximos años 25.000 millones de dólares en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, que por sí solo representa la mitad de las reservas de hidrocarburos del país, y difícilmente hallará un inversor extranjero dispuesto a arriesgarse si no existe seguridad jurídica. “El peor daño no es el que España puede hacer a Argentina, sino que el que Argentina se hace a sí misma con esta decisión”, subrayan las mismas fuentes.

Otras medidas de retorsión son más problemáticas: la denuncia del Tratado de Cooperación y Amistad (1998) o del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (1991) perjudicaría, sobre todo, a las demás empresas españolas que operan en Argentina, al margen de Repsol. La congelación de las negociaciones para un acuerdo de cooperación y libre comercio entre la UE y Mercosur apenas haría mella en Argentina, que con su política económica proteccionista es el país de la región menos entusiasta de dicho acuerdo. Lo que sí podría hacer el Gobierno es dar luz verde a una orden ministerial para proteger la producción nacional de biodiesel frente a la avalancha de importaciones de Argentina, que han pasado de 90 a 800 millones de dólares entre 2008 y 2011, aunque esta disposición, que se prepara desde hace meses, no tenga relación con el actual contencioso.

Oficialmente, el Gobierno español no tenía este viernes constancia de que el proyecto de nacionalización hubiera salido de la Casa Rosada hacia el Parlamento, pero las informaciones que llegaban de Buenos Aires eran muy pesimistas. “Se trata de una estrategia cuidadosamente planificada, que ha incluido el acoso a Repsol para forzar la pérdida de valor de la compañía, y no es fácil que [Cristina Fernández] renuncie en el último momento a culminarla”, sostienen fuentes gubernamentales.

Por eso, el Ejecutivo decidió dejar a un lado las gestiones discretas que ha realizado sin éxito desde febrero pasado —incluida una llamada del Rey a Cristina Fernández para interesarse por los rumores de nacionalización de YPF— y trasladar el contencioso a la escena pública, en un último intento por frenar lo que parece inevitable.

Tras recordar que España fue uno de los pocos países que acudió al rescate de Argentina, tras la crisis del corralito en 2001, con un préstamo de mil millones de dólares, Margallo advirtió de que la ruptura de la relación estratégica que mantienen desde hace años ambos países “no sería solo en términos económicos y ese es el peor escenario que podríamos imaginar”.