El tijeretazo de Fabra se queda a medias y se ceba en los funcionarios

El tijeretazo anunciado el día de Año Nuevo por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha quedado en la mitad. Al final, el decreto-ley de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit de la Comunidad Valencia, que ayer fue enviado a las Cortes Valencianas y hoy se publicará en el Diari Oficial, solo incluye medidas que implican una reducción de gastos en personal, con recortes salariales a los funcionarios por 258,2 millones de euros, y una mayor recaudación fiscal que aportará ingresos de 238 millones, para sumar un total de 496,2 millones. Es decir, menos de la mitad de los 1.057,5 millones anunciados el jueves pasado tras el pleno del Consell.

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, anunció una posible impugnación de la norma, que debe aprobarse en una Diputación Permanente de las Cortes, precisamente porque puso en duda que los acuerdos se tomaran basados en informes jurídicos que los avalaran. "Dudamos seriamente de la legalidad de los acuerdos", añadió Alarte, ante el hecho de que ayer todavía no se había publicado el documento, y reclamó el acta de la comisión de subsecretarios que debió celebrarse con anterioridad, "si es que se reunieron".

Al final, en el decreto-ley no aparecen por ningún lado dos de los paquetes de medidas más importantes que anunciaron el vicepresidente, José Ciscar, y los consejeros de Hacienda y de Economía, José Manuel Vela y Enrique Verdeguer, respectivamente: el que afecta a la reorganización de 46 empresas públicas agrupándolas en seis holdings empresariales de otros tantos sectores económicos, que buscaba un ahorro de 121,5 millones de euros, y el que persigue ahorrar otros 440 millones de euros con mecanismos de contención del gasto en el sector sanitario. Estos dos bloques sumaban 561,3 millones de euros, aunque no era previsible que contribuyeran de forma rápida a reducir el déficit de la Generalitat.

El texto remitido a las Cortes se sustancia únicamente en dos bloques de medidas que sí proporcionan liquidez inmediata al Gobierno de Alberto Fabra. Y que se resumen en recortar el dinero a los funcionarios y en subir los impuestos. "Se han limitado a incluir en el decreto las medidas que tienen que entrar en vigor ya", comentaba anoche el diputado socialista Julián López Milla, que añadía: "De las medidas de ahorro en sanidad, nada, y de sector público empresarial, nada".

Los dos paquetes de medidas a las que sí que hace referencia el decreto-ley enviado a las Cortes, suman 496,2 millones de euros, de acuerdo con las cifras que ofreció el Consell el pasado jueves. Sin embargo, a esa cantidad habría que restar los 29,7 que supuestamente debían recaudar procedentes de "tributos medioambientales" que no están recogidos en el decreto-ley.

En el apartado de los impuestos, Fabra espera recaudar más gracias al céntimo sanitario, el impuesto que grava el mercado minorista de los hidrocarburos. El Consell impone el impuesto más elevado posible, 48 euros por cada 1.000 litros, medida con la que espera recaudar 98,11 millones al año. También eleva del 1% al 1,2% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que grava las transmisiones de bienes que no se encuentran afectados por el impuesto sobre el Valor Añadido y la formalización de documentos notariales. En este capítulo la Generalitat recaudará otros 62 millones de euros.

El Consell también recaudará más (o dejará de devolver en 2013 en forma de deducciones) otros 28,2 millones de euros por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se eliminan las deducciones por compra de vivienda habitual (12 millones) y otras deducciones por 8 millones que ahora se limitan a rentas aún más bajas. Por último, se recaudarán otros 28,2 millones de las rentas mayores de 120.000 euros.

En el apartado de los funcionarios, son tres los colectivos más afectados: los interinos, los profesionales del sector de la sanidad, y los de educación. En el primer caso, se reduce en un 25% la jornada del personal funcionario interino así como del personal laboral temporal, lo que conlleva en paralelo una reducción salarial en la misma proporción. Aunque el pasado miércoles, el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, incluyó en esta medida a los trabajadores de sanidad y de educación cuando presentó las líneas generales del tijeretazo a los sindicatos en la Mesa General de Negociación, el jueves, tras la aprobación del decreto el vicepresidente de la Generalitat y portavoz del Consell, José Ciscar, reconoció que se había dado marcha atrás en el caso de estos dos colectivos para no perjudicar la prestación de estos servicios.

A los funcionarios de Sanidad se les reduce al 50% la carrera profesional (86,5 millones) y a los docentes el 50% de los sexenios, complementos vinculados a la formación (80 millones). Aparte se eliminan algunos días libres, se suprime el plan de pensiones y las ayudas sociales...

Por otra parte, en el decreto ley no figura una de las medidas que más sorprendió cuando se anunció. Es la que afecta a los consejeros, a los altos cargos y al personal eventual de libre designación de la Generalitat y de las empresas públicas. En estos casos no se contemplaba ningún recorte salarial, en contra del impuesto a los funcionarios, que pueden perder hasta el 20% de su salario. Pero sí vinculaban el salario al déficit anual. Así, Ciscar anunció que si el déficit era del 1% ellos se bajarían el sueldo otro 1%. En el documento no existe tal compromiso.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ayer presidió la comisión de honor del 30 aniversario del Estatut solicitó a la Mesa de las Cortes la convocatoria urgente de la diputación permanente para explicar la necesidad de las medidas de ajuste previstas en el decreto-ley que hoy se publicará en el DOCV.