Sobre el genocidio armenio
Francia ha promulgado una ley para castigar al que minimice las matanzas de armenios por tropas turcas entre 1915 y 1917. El autor niega que esa norma sea liberticida
Esta gente es realmente incapaz de comprender? ¿O solo está fingiendo que no se entera?
La Ley para la Penalización del Negacionismo, aprobada (en Francia) antes de Navidad, no pretende escribir la historia en lugar de los historiadores. Y no lo pretende por la simple razón de que esta es una historia bien conocida que fue escrita, y bien escrita, hace mucho tiempo. El que, a partir de 1915, los armenios fueron víctimas de un metódico intento de aniquilación es algo que se sabe desde siempre: el tema ha sido objeto de una abundante literatura apoyada, en particular, en las confesiones hechas casi inmediatamente, y en la estela de Hodja Ilyas Sami, por los mismos criminales turcos. De forma que, de Yehuda Bauer a Raul Hilberg, de los investigadores de Yad Vashem a Yves Ternon y otros, no se recuerda que ningún historiador serio haya negado o dudado de esta realidad. En otras palabras, esta ley no tiene nada que ver con la voluntad de establecer una verdad de Estado. Ninguno de los diputados que participó en la votación pretendía reemplazar a los historiadores ni su obra. Solo pretendían recordar ese sencillo derecho que todos tenemos a no ser injuriados públicamente y también a exigir reparación para una ofensa particularmente ultrajante como es la que atenta contra la memoria de los muertos. Es una cuestión de derecho, no de historia.
La ley contra el negacionismo no pretende escribir la historia. Porque esa historia ya está escrita
Todos tenemos derecho a exigir reparación para una ofensa como es la de atentar contra la memoria de los muertos
Presentar esta ley como una norma liberticida susceptible de dificultar el trabajo de los historiadores es otro argumento extraño que lo deja a uno perplejo. Mientras no se demuestre lo contrario, son los negacionistas quienes dificultan el trabajo de los historiadores. Son sus caprichos, sus locuras, sus artimañas, son sus mentiras vertiginosas y aterradoras las que hacen temblar el suelo sobre el que, en principio, debe asentarse una ciencia. Y la ley, al penalizarlos, al complicarles un poco la tarea, al advertir al público que está tratando con ellos, no con eruditos, sino con agitadores, protege a la historia y la pone a buen recaudo. ¿Hay algún historiador al que la ley Gayssot le haya impedido trabajar sobre el Holocausto? ¿Hay algún autor que pueda afirmar en conciencia que esa ley ha limitado su libertad de investigación y sus cuestionamientos? ¿Acaso no está claro que los únicos a quienes ha estorbado seriamente han sido los Faurisson, Irving y demás congéneres de Le Pen? Pues lo mismo ocurre con el genocidio de los armenios. Una vez que el Senado la ratifique, esta ley será una suerte para los historiadores, que, por fin, podrán trabajar en paz. A menos que... Sí, a menos que los opositores a la ley tengan en mente algo más turbio: que hace un siglo se precipitaron al concluir que había tenido lugar un "genocidio".
"¿No hay -dicen todavía algunos- otra forma de intimidar a los asesinos de papel aparte de la ley?". ¿Y no tiene la verdad, en sí misma, en su desnudez y su rigor, los medios para defenderse y vencer a los que la niegan? Es todo un debate. Un debate que, entre paréntesis, se perpetúa desde los orígenes de la filosofía. Y al que, en el caso que nos ocupa, viene a añadirse un parámetro específico que hace que, en la duda, sea prudente asegurarse del refuerzo de la ley. Este parámetro es el negacionismo del Estado turco. Y su especificidad radica en que los negacionistas no son un puñado de colgados, sino unas personas que se apoyan en los recursos, la diplomacia y la capacidad para el chantaje y las represalias de un Estado poderoso. Imaginen cuál habría sido la situación de los supervivientes del Holocausto si, después de la guerra, el Estado alemán hubiera sido negacionista. Imaginen su desamparo y su cólera si hubiesen tenido que enfrentarse no a una secta de bobos, sino a una Alemania que, en vez de mostrar su arrepentimiento, hubiera presionado a sus socios, amenazándolos con su ira en el caso de que calificasen de genocidio el exterminio de los judíos en Auschwitz. Es, mutatis mutandis, la situación de los armenios. Y también por eso tienen derecho a una ley.
Finalmente, añadiré que hay que dejar de mezclarlo todo y de ahogar la tragedia armenia en esa charlatanería ritualizada que combate las "leyes de la memoria". Pues esta no es una ley de la memoria. No es uno de esos peligrosos abusos de poder susceptibles de abrir paso a docenas, por no decir centenares, de reglamentos absurdos o represivos para codificar lo que se puede decir o no sobre la masacre de San Bartolomé, el sentido de la colonización, la esclavitud, la desgracia occitana, el delito de blasfemia y vaya usted a saber qué más. Es una ley sobre un genocidio, que no es lo mismo. Es una ley que sanciona a aquellos que, al negarlo, amplifican y perpetúan el gesto genocida, que es otra cosa. Gracias a Dios, no ha habido centenares de genocidios, ni siquiera docenas. Ha habido tres. Cuatro, si a los armenios, los judíos y los ruandeses les sumamos los camboyanos. Y poner esos tres o cuatro genocidios en el mismo plano que el resto, hacer de su penalización la antesala de una corrección política que haría posible una retahíla de leyes inútiles o perversas sobre los aspectos cuestionables de nuestra memoria nacional, decir "¡Atención! Están abriendo una caja de Pandora de la que puede salir cualquier cosa" es otra imbecilidad, además de otra infamia teñida de una mala fe, en este caso, caricaturesca.
Opongamos la sabiduría de la representación nacional a este argumento engañoso. Y ojalá los senadores lleguen hasta el final del proceso sin dejarse intimidar por esa pandilla de historiadores. -
Traducción: José Luis Sánchez-Silva
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