La Junta amenaza con tomar medidas contra los alcaldes por la Dependencia

La Junta entrega el dinero a los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos recurren a los servicios de empresas privadas. Y las empresas contratan a las trabajadoras que prestan la ayuda a domicilio a los dependientes. El sistema, ideado en tiempos de bonanza, funcionaba cuando en 2007 entró en vigor la ley de Dependencia. Pero la cadena se ha roto cuando los Ayuntamientos han entrado en barrena por la crisis. Quienes lo están pagando ahora son los empleados de asistencia domiciliaria, la gran mayoría mujeres, que sufren los retrasos de las nóminas. Los últimos ejemplos conocidos son los de Armilla (Granada) y Jerez (Cádiz), donde las trabajadoras han recurrido a la huelga para denunciar que llevan meses sin cobrar.

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, reiteró ayer que la Junta está "totalmente al día en el pago del dinero a los Ayuntamientos". Amenazó con tomar "medidas contundentes" contra los Ayuntamientos que empleen en otros menesteres el dinero que reciben para costear los servicios a domicilio. "La nómina de un policía municipal es igual de prioritaria que la de una trabajadora a domicilio", recordó Navarro. UGT cree que este es ya un problema generalizado en Andalucía. Según el sindicato, el 80% de las empleadas de ayuda a domicilio sufren impagos o retrasos con sus salarios.El problema con los impagos tiene una solución complicada. En la base del conflicto está la delicada situación económica de los Consistorios, que ven cómo sus ingresos siguen mermando y no pueden hacer frente a todos los pagos. Cuando llega cada dos meses el dinero de la Junta para costear la asistencia a domicilio, algunos Ayuntamientos lo acaban empleando para tapar otros agujeros. Así lo explican la consejera Navarro y Antonio Macías, secretario de Salud de UGT en Andalucía.

Francisco Toscano, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), reconoció ayer esta situación: "Los Ayuntamientos tienen problemas de liquidez y tiran de los fondos que les llegan, y entre sus prioridades está el pago de las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento". En un escalón más bajo de esa lista de prioridades de los alcaldes está el pago a las empresas que subcontratan, entre ellas, las que prestan la ayuda a domicilio.

Esta práctica es legal gracias al principio de caja única por el que las Administraciones tienen autonomía para organizar sus pagos, según señaló Toscano. "No es ilegal, pero sí irregular", añadió Micaela Navarro.

La Junta de Andalucía -en colaboración con la FAMP, según Navarro- modificó la normativa para que los Ayuntamientos tengan que certificar que el dinero que han recibido para la aplicación de la ley de Dependencia se acababa empleando para ello. Es el tesorero de cada Consistorio el que debe encargarse de esta certificación. Si no se cumple, la Junta puede bloquear los siguientes pagos, detalló Navarro.

Sin embargo, la consejera reconoció ayer que esta norma "no se ha aplicado hasta ahora a rajatabla" a pesar de que los problemas con los impagos a las trabajadoras se arrastran desde hace meses. Por ejemplo, las empleadas de Jaén capital también convocaron en septiembre una huelga por los impagos.

La Junta decidió dar una tregua a los Ayuntamientos tras las últimas municipales, que implicaron bastantes cambios de gobierno en los municipios. "Si la dinámica [de impagos] va a seguir siendo la misma tomaremos medidas contundentes", anunció Navarro. "La Junta está haciendo esfuerzos sobrehumanos por transferir los fondos, que están sufragando otras prioridades".

La medida más contundente sería bloquear los pagos. Pero la consejería también teme que el remedio pueda ser peor que la enfermedad. "El bloqueo puede implicar que las empresas despidan a los trabajadores", reconoció Navarro. Por su parte, Toscano anunció su rechazo a una posible paralización de las transferencias por parte de la Junta: "Sería el primero en oponerme, los Ayuntamientos no podemos ser meros intermediarios".

Para Antonio Macías, de UGT, la única solución sería que los fondos que se transfieran tuvieran verdadero carácter finalista, es decir, que solo se pudieran emplear para pagar a las contratas de ayuda a domicilio. Pero esta salida tiene un complicado encaje legal.