Falconetti, acusado de 'lavar' dinero a través del ladrillo

Veinte años después de ser condenado a 12 años de prisión por tráfico de hachís por la Audiencia de San Sebastián y de convertirse en uno de los promotores inmobiliarios más activos de las Rías Baixas, el empresario Luis Falcón Pérez, más conocido como Falconetti, y su esposa se enfrentan a sendas condenas de tres años de prisión y multas que suman 5,1 millones de euros por delito continuado de blanqueo de dinero.

Las investigaciones de la Agencia Tributaria contra contra el primer gran contrabandista de tabaco en dar el salto al narcotráfico fueron abiertas en 1997, cuando Falconetti acababa de abandonar la cárcel, y concluyen ahora con el escrito de acusación del fiscal antidroga, Luis Uriarte, quien subraya que el empresario formó parte de una organización dedicada al tráfico de drogas que pudo ser desmantelada en 1988 con motivo de la introducción en España de 1.188 kilogramos de hachís. La instrucción se ha visto demorada durante más de 13 años y estuvo paralizada entre abril de 2003 y diciembre de 2004. Dado el tiempo transcurrido, a Falcón se le aplicará la atenuante de dilaciones indebidas.

La investigación de Hacienda se abrió en 1997, cuando Falcón dejó la cárcel

Según la acusación, "Luis Falcón se ha venido enriqueciendo con el producto de la venta de sustancias estupefacientes y con el fin de dar entrada en el tráfico mercantil lícito a las importantes cantidades de dinero procedentes de esta actividad, ocultando este origen ilícito, el imputado se concertó con su esposa, la también imputada Digna Díaz Oubiña, desarrollando entre ambos toda una estrategia mercantil para aparentar que los ingresos procedentes del narcotráfico eran realmente rendimientos de una actividad empresarial lícita".

En el mes de enero de 1984, Falcón adquirió la totalidad de las participaciones sociales de la sociedad O Castriño, SA,haciendo figurar como titular a su esposa, quien al mismo tiempo asumía la presidencia del consejo de administración de la empresa, mientras él ocupaba el cargo de vicepresidente. Entre 1984 y 1997, los imputados utilizaron presuntamente la referida sociedad mercantil para intentar justificar y ocultar el origen ilícito de los fondos procedentes del narcotráfico que, regularmente, eran inyectados en el tráfico mercantil ordinario de la sociedad que, de esta manera, competía en condiciones de desigualdad en el mercado al contar con una fuente de financiación extraña a su actividad comercial, expone el fiscal.

Según el ministerio público, con la misma finalidad, ambos imputados constituyeron en 1982 la sociedad mercantil Promotora San Martín de Villajuán, inicialmente sociedad anónima, para posteriormente convertirse en sociedad de responsabilidad limitada, asumiendo también Digna Díaz la mayoría de las participaciones sociales y Luis Falcón el cargo de administrador único hasta 1992, en el que se constituyó una administración mancomunada de la que también formaría parte el imputado.

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 1976 y 1991, la fiscalía ha analizado 23 promociones urbanísticas, 14 de ellas promovidas conjuntamente por el matrimonio y nueve por la promotora San Martín de Villajuán. Según los resultados de la investigación, las promociones llevadas a cabo por el matrimonio arrojaron unos desequilibrios contables de más de 660.000 euros, a los que habría que añadir 695.000 euros correspondientes a los pagos efectuados a terceros durante ese periodo en concepto de inversiones de capital y otros. En total el agujero contable en ese periodo de tiempo fue de 1,3 millones de euros.

Las promociones llevadas a cabo por la Promotora San Martín arrojaron unos desequilibrios contables de 480.000 euros, además de 752.000 euros abonados a terceros durante el mencionado periodo en concepto de créditos hipotecarios, lo que supone un desfase añadido de 1,2 millones de euros.

"Ese desequilibrio contable fue compensado por los imputados con la introducción en sus sociedades de esa misma cantidad de dinero efectivo procedente del narcotráfico, consiguiendo de esta forma la transformación de ese capital de ilícita procedencia en rendimientos legítimos de una actividad empresarial lícita", sostiene el fiscal.

El fiscal pide para Falcón y su esposa tres años de prisión y multa de 2,5 millones a cada uno por un delito continuado de blanqueo de dinero derivado del tráfico de drogas, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión en caso de impago así como las costas del procedimiento. También solicita el comiso definitivo y adjudicación al Estado de los bienes decomisados por tráfico de drogas, en este caso la cantidad supuestamente blanqueada o en su caso las propiedades por el valor equivalente.