Marbella rebaja cinco millones una multa impuesta a Tomás Olivo

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha rebajado cinco millones la multa que el empresario Tomás Olivo tendrá que pagar para legalizar la tercera fase del centro comercial La Cañada, cuya ordenación prevé el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. La sanción ha pasado de 23 a 18 millones. El equipo de gobierno, del PP, asegura que se ha recalculado al estimar unas alegaciones presentadas por el empresario imputado en el caso Malaya que disminuían el valor de las obras.

De momento, Olivo no tiene un plazo fijado para abonar la cuantía. La alcaldesa Ángeles Muñoz acordó la imposición de la multa el 18 de agosto, pero el pasado 4 de noviembre dejó en suspenso la obligación de pago, según informó el diario La Opinión. Los plazos volverán a establecerse cuando los tribunales resuelvan un contencioso que Olivo ha emprendido para recurrir la multa.

El expediente está a nombre de la empresa Europea de Complejos Comerciales S.A., de la que es dueña Olivo, y se le atribuye una infracción urbanística muy grave por la construcción sin licencia de naves industriales, locales comerciales, almacenes y zonas de aparcamiento en la parcela Paraje de la Trinidad, situada al norte de la autopista A-7.

Trato de favor

El edil socialista Ricardo López vio ayer un posible trato de favor por parte de la alcaldesa al empresario. "Tomás Olivo no cumple uno de los requisitos que prevé la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para que las administraciones reduzcan las sanciones por irregularidades urbanísticas porque mantiene abierto un contencioso con el Ayuntamiento por esta multa", declaró.

La legislación contempla la posibilidad de reducir la sanción siempre y cuando la infracción no esté en contra de la ordenación urbanística, si se acepta el pronto pago y el responsable no emprende acciones legales contra la administración que le impone la sanción.

Pablo Moro, concejal de Urbanismo de Marbella, explicó que los técnicos municipales han estimado parcialmente unas alegaciones de la sociedad propietaria por lo que el valor de las instalaciones se ha rebajado y esto ha repercutivo en el cálculo de la sanción. "No es una actuación arbitraria del equipo de gobierno, sino la aplicación estricta de la legislación", añadió.