La corrupción descabeza al PP y a la patronal de Alicante
En dos días dimiten los presidentes de ambas organizaciones
Las supuestas tramas de corrupción políticos-empresariales que se han gestado en la provincia de Alicante en el último lustro han acabado por pasar factura al poder político, en manos del PP de manera hegemónica, y la gran patronal, la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa). En dos días, la cúpula de ambas organizaciones ha quedado descabezada con las dimisiones de sus presidentes, José Joaquín Ripoll y Rafael Martínez Berna, respectivamente.
Ripoll y Martínez Berna tenían sobre sus espaldas la pesada losa de la sombra de la corrupción. El veterano político está imputado en el sumario paradigmático de la promiscuidad entre lo público y lo privado, el caso Brugal, que indaga una red corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. El juez le imputa cinco delitos, entre ellos el de cohecho, por la adjudicación de una contrata de basura. Y la Comisión Nacional de la Competencia ha multado a la empresa de Rafael Martínez, Hormigones Martínez, con 5,3 millones por amañar contratos. Hormigones Martínez también está implicada en la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, según el sumario del caso Gürtel.
El fiscal acusa a la alcaldesa de Alicante de amañar el Plan General
En el plano político, la dimisión de Ripoll podría ser solo una avanzadilla de las consecuencias del voluminoso sumario del caso Brugal. Una pieza de esta causa indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. En el sumario hay 19 imputados y dos políticos de relevancia acusados por el fiscal Anticorrupción: la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor, Luis Díaz Alperi. Ambos, diputados autonómicos.
La condición de aforados de Castedo y Alperi impide al juez pronunciarse sobre su imputación. La instrucción de este sumario, en el que también está imputado José Luis Castedo, hermano de la regidora, ha entrado en la recta final. Si el magistrado observa indicios de delitos en Castedo y Díaz Alperi, remitirá la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
La sospecha de corrupción no se ha limitado al ámbito político y empresarial. El hasta hace poco emblema de las finanzas de la provincia, Caja Mediterráneo (CAM), tampoco ha salido mejor parado. Las dimisiones de Ripoll y Martínez Berna se producen cuatro meses después de la intervención de la caja. Los nuevos administradores destituyeron al Consejo de Administración. Y la Audiencia Nacional investiga la gestión de la ex directora general de la entidad María Dolores Amorós.
El presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, que forzó la renuncia de Ripoll dos días después de las generales, calificó ayer de "responsable" la dimisión de Martínez Berna.
